Los ayuntamientos españoles auditan únicamente el 9,4% del gasto liquidado, según un informe sobre auditoría del sector público en España, publicado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE) que sitúa a Madrid, Bilbao o Sevilla como las corporaciones que menos información publican.
Según este estudio, en este 9,4% se incluye al Ayuntamiento de Barcelona que está obligado a realizar esta auditoría al emitir deuda en los mercados financieros. Según el informe, tan solo se ha podido analizar un 25% del gasto total mediante las respuestas recibidas, del que el 38% ha sido sometido a una auditoría financiera de cuentas anuales, lo que supone que se analiza, aproximadamente un 9,40% del gasto liquidado del conjunto del gasto de los Ayuntamientos españoles.
En este irrisorio porcentaje de gasto auditado está incluido el Ayuntamiento de Barcelona, que está obligado a realizar esa auditoría al emitir deuda en los mercados financieros. Sin Barcelona, el porcentaje de gasto auditado bajaría al 6% respecto de la muestra y a un 3,5% respecto del total del gasto de los ayuntamientos españoles.
«No todos los Ayuntamientos de cierta dimensión hacen públicas las cuentas rendidas, y la mayor parte de las mismas no están auditadas», señala el informe. Los ayuntamientos que aportan un mayor nivel de información son: San Sebastián, Sagunto (Castellón), Granollers, Tarrasa, San Cugat del Vallés (Barcelona), Las Rozas (Madrid), Logroño, Valencia y Valladolid, así como Barcelona por el motivo expuesto. De entre las demás grandes ciudades, Madrid, Bilbao o Sevilla, se encuentran entre las que menos información estructurada hacen pública, indican.
Otra cuestión desarrollada a través de la encuesta es la relacionada con la auditoría de cumplimiento, cuyo objeto consiste en la verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se hayan desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación. En este caso, sólo un total de 10 ayuntamientos de los 54 que han contestado la encuesta han declarado que realizan este tipo de auditoría. En general, son las comunidades de Castilla y León y Cataluña las que ofrecen un mayor número de Ayuntamientos que presentan auditoría de cumplimiento o legalidad.
Madrid no permite evaluar la situación real al no facilitar datos comparables, mientras que Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja, auditan un escaso volumen de gasto
Por regiones, la información que publica la Comunidad de Madrid no permite ni siquiera evaluar su situación real y Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja, auditan un escaso volumen de gasto.
Mientras, Baleares, Navarra, la Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña, Aragón, Asturias y Galicia ocupan los lugares de cabeza gracias a que aúnan una supervisión de la mayor parte de su gasto público con una planificación de auditorías más sólida.
En el sector público estatal y según el informe, tanto la Cuenta General del Estado, que se presenta de manera consolidada como el sector público empresarial, están sometidos a fiscalización de sus cuentas en un porcentaje razonable, en términos del 90 por ciento.
No obstante, el informe recoge que existe un 18 por ciento de las entidades que no rinden cuentas o lo hacen fuera de plazo.
Según el estudio, las administraciones públicas deben ser más transparentes para ganar en eficiencia y la auditoría es una «herramienta muy potente para la sostenibilidad de las cuentas públicas».
