Los partidos separatistas vuelven a defender a los violentos CDR tras la detención por rebelión y terrorismo de una de las cabecillas de estos grupos que han tomado la iniciativa, por la vía de la violencia, para defender el movimiento separatista.
JxC, ERC y la CUP presentarán una propuesta de resolución para que el Parlamento reconozca los ataques contra independentistas, mientras han rechazado condenar ni uno solo de las decenas de ataques a sedes de partidos, medios de comunicación, y agresiones en Cataluña contra constitucionalistas.
«La democracia española está enferma», han asegurado los separatistas tras la detención de una de las cabecillas de los CDR que incitó a cortar carreteras y calles durante la Semana Santa. Asimismo, tras hacerse fotos con Arnaldo Otegui y exhibirlas, han denunciado ahora una supuesta «banalización del terrorismo».
De esta forma, rendirán un homenaje a los violentos CDR, que han sustituido a Òmnium Cultural y la ANC en las calles de Cataluña, al tiempo que tachan de «persecución judicial» el movimiento separatista, pese a que se han menospreciado los derechos de quienes quieren circular libremente y quienes limpian el mobiliario urbano, teñido de amarillo pese a la expresa prohibición de las ordenanzas municipales, al tiempo que no se ha condenado la violencia agresiva contra personas de ideología contraria, como ha sucedido en Cataluña durante las últimas semanas.
Para el diputado Francesc de Dalmases (JxCat), «la historia democrática no se entiende sin iniciativas», justificando así los violentos cortes de carreteras y calles en Barcelona en plena Semana Santa, o las llamadas a ocupar infraestructuras clave, como la estación de Sants.
El PSC se suma a las tesis separatistas tras la detención de una CDR
Según ha afirmado Dalmases, vincular estas operaciones violentas con el terrorismo es una «falta de respeto» a las víctimas que la han sufrido, mientras en ERC y la CUP no tienen reparos en mostrar sus fotos con una condenado por terrorismo como Otegui. Según ERC, se trata ahora de «atemorizar a la ciudadanía», motivo por el que ha arengado a los suyos a «seguir en las calles».
Natalia Sánchez, de los radicales de la CUP, ha afirmado que las agresiones a medios, partidos políticos y personas contrarias a los independentistas son parte de un relato de «falsa violencia». Hasta el PSC se ha sumado a estas tesis asegurando que no es aplicable la legislación antiterrorista. Cs, en cambio, lamentó que el independentismo no condene «la violencia de los comandos de los CDR».
El defensor del pueblo en Cataluña vuelve a posicionarse en favor de los separatistas
El Síndic de Greuges -defensor del pueblo-, Rafael Ribó, vuelve a hacer el juego a los separatistas y se atreve a cuestionar una decisión judicial, a la que ha tildado de «manifiestamente desproporcionada» la acusación de rebelión y terrorismo. En un comunicado, el defensor del pueblo catalán ha pedido a las autoridades policiales y judiciales que «actúen con proporción y medida a la hora de perseguir posibles delitos disidentes con la unidad de España«.
Ribó tilda de libertad de expresión y manifestación los cortes de carreteras y calles, así como la amenaza de ocupar infraestructuras clave
El Síndic recuerda que «las libertades de expresión y de manifestación constituyen derechos fundamentales protegidos por las más altas normas jurídicas nacionales e internacionales» y por ello ve desproporcionado calificar hechos como los cortes de carretera o los levantamiento de peajes como rebelión o terrorismo.
Pese a que reconoce que las libertades de expresión y de manifestación «no son absolutas», defiende que «sus límites deben estar basados en la ley, buscar fines legítimos y ser proporcionales». Según Ribó, «las actuaciones perseguidas en este caso por la Audiencia Nacional deben considerarse ‘prima facie’ como expresión de libertades públicas legalmente protegidas».
«Si, en el transcurso del ejercicio de estas libertades, se han rebasado los límites constitucionales y estatutarios de los derechos en cuestión y se han cometido actos de desorden público, se deben perseguir penalmente estos hechos con proporción y medida», ha añadido.