Los parlamentos autonómicos costaron 336 millones de euros a los contribuyentes en 2016. El Parlamento autonómico de Cataluña es el más caro de todas las comunidades autónomas, con un presupuesto que asciende a 51,9 millones de euros, seguido por el de Andalucía (39,9 millones) y el País Vasco (33,1 millones).
Así se desprende del análisis de sus cuentas efectuado por Convivencia Cívica Catalana. Entre las partidas de gastos de las cámaras autonómicas la más cuantiosa es la que hace referencia a gastos de personal. Entre los diecisiete parlamentos autonómicos asciende a 187 millones de euros, más de la mitad de su coste total.
Existen notables diferencias en el coste de los diputados autonómicos, destacando por su cuantía el de los parlamentarios catalanes. El coste medio por parlamentario en la cámara catalana asciende a 188.000 euros anuales. Una cifra que resulta un 82% más elevada que el coste por parlamentario del Congreso de los Diputados (103.090 euros) y más del doble que el del Senado (87.170 euros).
A este respecto, llama la atención que una cámara autonómica salga más cara a los contribuyentes que una cámara estatal, cuyo ámbito de gestión y responsabilidad es notoriamente más amplio.
Uno de los aspectos más polémicos en el coste de los parlamentos autonómicos en España es el de las subvenciones a los grupos políticos, es decir, las cantidades que cada cámara reparte entre los partidos políticos que la integran y que están sujetas a la discrecionalidad de cada parlamento.
En este sentido, destaca también el parlamento catalán por sus elevadas subvenciones: la cámara catalana ha pagado en 2016 a los grupos políticos 117.320 euros por cada parlamentario, casi el tripleque el resto de parlamentos autonómicos (46.950 euros). De hecho, se da la circunstancia que la cámara autonómica catalana ha repartido en subvenciones en 2016 entre sus grupos políticos 15.8 millones de euros, casi tanto como el Congreso de los Diputados (9.3 millones) y el Senado (6.8 millones) juntos.
Resultan llamativas estas elevadas cantidades que se ‘auto-asignan’ los dirigentes políticos catalanes en beneficio de sus formaciones políticas en la cámara autonómica. No deja de ser sorprendente que quienes se lamentan de carecer de recursos económicos y padecer ‘asfixia financiera’ sí dispongan de dinero para que sus partidos políticos sean con diferencia los mejor pagados de España en sede parlamentaria.
Convivencia Cívica Catalana considera que los parlamentos autonómicos deberían realizar un esfuerzo por introducir medidas de racionalidad, austeridad y una mayor objetividad en la asignación de gastos, especialmente en lo que se refiere a retribuciones de diputados y subvenciones a los grupos políticos.
Las subvenciones a los partidos políticos se triplican en Cataluña
Uno de los aspectos más polémicos en el coste de los parlamentos autonómicos en España es el de las subvenciones a los grupos políticos, es decir, las cantidades que cada cámara reparte entre los partidos políticos que la integran y que están sujetas a la discrecionalidad de cada parlamento.
En este sentido, destaca también el parlamento catalán por sus elevadas aportaciones: la cámara catalana paga a los grupos políticos 117.320 euros por cada parlamentario, casi el triple que el resto de parlamentos autonómicos (46.950 euros).
De hecho, se da la circunstancia que la cámara autonómica catalana ha repartido en 2016 entre los grupos parlamentarios 15.8 millones de euros, casi tanto como el Congreso de los Diputados (9,3 millones) y el Senado (6,8 millones) juntos.
En concreto, el grupo de 62 diputados de Junts Pel Sí ha recibido en 2016 una subvención superior a 7 millones de euros del parlamento catalán. Se trata de una subvención más elevada, por ejemplo, que las recibidas por los 285 diputados de PP, PSOE y Podemos, conjuntamente, del Congreso de los Diputados.
Sin duda, llaman la atención estas elevadas cantidades que se ‘auto-asignan’ los políticos catalanes en beneficio de sus formaciones políticas en la cámara autonómica. Podría considerarse que tras estas cifras tan ‘generosas’ de transferencias de la cámara catalana a los partidos políticos catalanes, muy superiores a las del resto de parlamentos autonómicos e incluso de las cámaras parlamentarias
nacionales, existe una financiación encubierta de los partidos políticos catalanes y, en particular, de los nacionalistas, aquellos que gracias a una ley electoral beneficiosa para sus intereses, son mayoritarios desde el inicio de la democracia en la cámara autonómica.
Cantidades tan importantes parecen indicar, en definitiva, que no se destinan solo a actividades parlamentarias sino a otros fines.
No deja de ser sorprendente que quienes se lamentan de carecer de recursos económicos y padecer “asfixia financiera” sí dispongan de dinero para que sus partidos políticos sean con diferencia los mejor pagados de España en una sede parlamentaria.