Los ex presidentes de la Generalitat tienen garantizando una serie de privilegios. No obstante, el Parlamento autonómico, que se formará el próximo 21-D, puede recortarlos si así lo estima oportuno.
En primer lugar, Puigdemont cobrará por el hecho de ser ex presidente de la Generalitat 7.000 euros al mes, es decir, el 80% de su sueldo mensual, que roza los 150.000 euros anuales.
Dispone de oficina, coche oficial y chófer, así como el servicio de escolta. Tal y como señala el Estatuto del presidente autónomico catalán. Estos privilegios fueron aprobados en la época de Jordi Pujol, para mantener el nivel de renta una vez dejara el cargo. Según el Estatuto, el ex presidente de la Generalitat debe aceptar su cese y «solicitar la pensión». De momento, no ha realizado tal petición, toda vez que no ha asumido su cese y continúa su desafío independentista pese a aplicarse el 155 de la Constitución por primera vez en la historia.
Los ex presidentes de la Generalitat, como José Montilla o Artur Mas, gozan de una nómina del 80% de su sueldo como presidente, al tiempo que una vez se jubile recibirá una pensión vitalicia del 60 por ciento, es decir, 5.250 euros al mes.
El Parlamento autonómico le da derecho a tener una oficina con todos los servicios a su disposición, como dos secretarias, coche oficial con chófer, y todo ello a costa de los contribuyentes. Puigdemont podría pedir estos mismos privilegios, siempre y cuando el Parlamento no se oponga a ello, y las cosas pueden cambiar a partir del próximo 21-D. En total, el coste de mantener al ex presidente catalán puede llegar a alcanzar los 170.000 euros, más del sueldo que percibía cuando se está en el cargo, casi 150.000.
Con el caso de Jordi Pujol, defraudador confeso, se reformó este Estatuto. Artur Mas supeditó estos privilegios con la condición de mantener el «molt honorable», coletilla que se le pone a los presidentes de la Generalitat. «No puede obviarse la posibilidad de que se den a conocer hechos relativos a alguna de las personas que han ostentado el cargo, acaecidos antes, durante o después de su mandato, que merezcan condena y que la hagan indigna de seguir disfrutando de las consideraciones que la ley le otorga», señalaba la reforma.
No obstante, el parlamento catalán tiene la última palabra, pero para ello se necesita el apoyo de 90 diputados, incluso si hay «condena penal firme». En este sentido, Pujol dejó de percibir estos privilegios, pero mantiene los de Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por desobediencia al organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014. Ahora él y sus consejeros han tenido que abonar 5,2 millones de euros de fianza ante el Tribunal de Cuentas.