Cada año las comunidades más ricas pagan menos a la solidaridad del Estado. El cupo vasco, por ejemplo, se reduce en 225 millones respecto al año pasado y queda por negociar la nueva financiación de Cataluña tras el 21-0.
España cada vez se parece menos a un país unido y solidario y más aun reino de taifas donde los minoritarios nacionalistas, en el conjunto de la política nacional, imponen sus exigencias sobre el resto de los españoles.
Con tan sólo 5 diputados, frente a los 137 del PP, los 85 del PSOE o los 32 de Ciudadanos, únicos partidos que han defendido una España unida por encima de todo, el PNV ha conseguido pagar 225 millones de euros menos en el llamado cuo vasco, lo que tiene que aportar esa cominuidad para satisfacer los servicios generales del Estado. El PNV, además, para aprobar los Presupuestos de 2018 exige al PP de Mariano Rajoy otras 37 competencias más y, para más inri, se niega a negociar, hasta que no se resuelva la actual situación de «excepcionalidad política» en Cataluña tras el restablecimiento del orden constitucional mediante la aplicación del artítulo 155.
A día de hoy, sin empezar aún a negociar los Presupuestos de 2018, los vascos abonartán al Estado 1.300 millones anuales en concepto de Cupo hasta 2021, 225 millones menos de lo que estaba fijado en función del anterior acuerdo firmado en 2007o, necesario para aprobar las cuentas del Estado de este ejercicio.
En mayo pasado, los gobiernos central y vasco firmaron el acuerdo sobre el Cupo que estuvo vinculado al pacto cerrado entre el PNV y el Ejecutivo de Mariano Rajoy para que los nacionalistas apoyaran los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y que incluyó también otros temas como la «Y» ferroviaria vasca y las tarifas eléctricas en la industria.
De esta manera se puso fin a diez años de desavenencias, ya que el último acuerdo se fijó en 2007 y entonces el Cupo se estableció en 1.525 millones anuales.
En el acuerdo alcanzado este año también se establece que el Estado deberá devolver a Euskadi 1.400 millones por los retrasos acumulados desde 2007.
Este reintegro se hará efectivo de forma creciente hasta 2021: un 10% en 2017 y un 15%, 20%, 25% y 30%, respectivamente, en los ejercicios posteriores.
El acuerdo anterior a 2007 en materia de Cupo tuvo lugar en 2002 y entonces la cantidad fijada fue de 1.090 millones de euros.
Los vascos pagarán al resto de los españoles 225 millones menos que en el acuerdo firmado hace 10 años. Una de dos, o van a tener más competencias o el PP y PSOE vuelven a ceder ante las pretensiones de los minoritarios nacionalistas en el conjutno de España
El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la modificación del Concierto Económico y la nueva metodología de señalamiento del Cupo para el quinquenio 2017-2021.
El Cupo es la aportación que hace Euskadi cada año a las arcas comunes del Estado por las competencias no transferidas al gobierno autonómico, como infraestructuras (aeropuertos, puertos, ferrocarriles), defensa y representación exterior. Con este dinero se contribuye también al mantenimiento de las instituciones comunes, como el Congreso y el Senado.
La cuantía del Cupo se determina en leyes quinquenales pactadas por los gobiernos central y vasco. La última fue aprobada en 2007 y debía haberse renovado en 2011, pero no ha sido posible hasta ahora por las discrepancias en la metodología para calcularlo.
El turno de los catalanes
Los empresarios y banqueros catalanes simpre han reprochado, desde la época de aznar, que negoció con Arzallus más compenticias y dinero, al Gobierno de la Generalitat que los vascos negocian mejor que los catalanes y saben sacar más partido a su situación.
Cataluña, menos práctica que el País Vasco, se ha dedicado en los últimos años a su quimera independentista que ha terminado de forma abrupta con la aplicación del 155 en esa comunidad y con el portazo dado por la Unión Europea a una Cataluña independienete.
Sin embargo, esto lo van a pagar todos los españoles. En Cataluña existe la sensación que sonb una región más rica, productiva y próspera que el resto de España e, incluso, hijos de emigrantes anadaluces o extremeños se suman sin ingún rubor al lema de ‘España nos roba’ o a tópicos que ellos no pagan a tras comunidades para que se pasen el día durmiendo la siesta y en el bar.
Por eso, tras la elecciones del 21-D, donde se prevé otro empate entre independentistas y españolistas, con ligera ventaja para los primeros, comenzarán las negociaciones y a falta de logros porlíticos, se impondrán los económicos, y España y sus territorios serán cada vez menos solidarios entre sí.