Maduro da el golpe a la oposición a través de los jueces chavistas del Supremo

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se pliega a las órdenes de Nicolás Maduro y asume las competencias de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
El Supremo alega «desacato», un estatus impuesto precisamente hace un año a la Asamblea Nacional por el supuesto incumplimiento de varias sentencias. «Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho», reza una sentencia de dicha Sala.
El máximo órgano de Justicia de Venezuela está copado de chavistas. Antiguos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ex funcionarios del Gobierno, familiares de altos jerarcas de la revolución y hasta un acusado de homicidio que defendió a tres pistoleros chavistas. Así está integrado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, según recogió la prensa latinoamericana.
La cúpula fue nombrada por el Gobierno de Maduro el 23 de diciembre del 2015, en una sesión extraordinaria, según recoge El Tiempo, y se designaron los 13 magistrados principales y 21 suplentes para asegurarse el control sobre la cúpula del Poder Judicial. Tal fue el trabajo realizado que en solo 7 meses impuso 24 sentencias contra la Audiencia Nacional. Entre sus miembros figura Gladys Gutiérrez, quien ocupó la Procuraduría General de la República durante la etapa de Hugo Chávez. Gutiérrez es la cabeza de la Sala Constitucional, la más poderosa de las seis del organismo. De sus siete magistrados, cuatro han militado públicamente en el chavismo, entre los que figuran el ex viceministro de Educación, Luis Damiani Bustillos.
Esta decisión del Supremo surgió en respuesta a un recurso de interpretación en el que cuatro abogadas pidieron al Supremo analizar el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Estos apartados establecen que la constitución de empresas mixtas «requerirá la aprobación previa» de la AN, «a cuyo efecto el Ejecutivo (…) deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República».
La Ley de Hidrocarburos indica que en esta materia el Parlamento podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes, y que cualquier cambio posterior también deberá ser sometido a la evaluación de la Cámara.
Sin embargo, el Supremo resolvió hoy que «no existe impedimento alguno» para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas, e indicó que éste deberá informar a la Sala Constitucional «de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones».
Además, el TSJ subrayó que el Parlamento, «actuando de facto«, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones en estas asociaciones.
Entre las consideraciones para decidir el Supremo recordó que la AN, que se instaló en enero de 2016 con una inédita mayoría opositora, incorporó a tres de los cuatro diputados del estado Amazonas (sur), cuya investidura ha sido impugnada y que por este caso todavía no hay una decisión.
La Alta Corte ha dicho que, mientras se mantenga el desacato, todos los actos del Legislativo son nulos y carecen de validez.
El diputado oficialista y expresidente del Parlamento Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del Gobierno de Nicolás Maduro, celebró esta decisión del Supremo y sugirió a los opositores someterse a los dictámenes del máximo tribunal.
«Aquí nosotros no podemos estar con una Asamblea Nacional ausente porque ellos (opositores) quieran», dijo Cabello durante su programa semanal de televisión.