El Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en incrementar «cuanto antes» los impuestos actuales o crear nuevas figuras tributarias para cubrir el gasto de las pensiones, una medida que sería ilegal ya que en España están prohibidos los impuestos finalistas.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha pedido «cuanto antes» la implantación de nuevos impuestos destinados a garantizar el pago de las pensiones, una medida que habrá que articular dentro del marco legal de la Constitución Española, que prohíbe expresamente los impuestos finalistas, es decir, recaudar dinero para un fin concreto.
El artículo 31 de la Constitución Española establece los requisitos que debe tener el sistema tributario para impedir que se convierta en una orgía confiscatoria, tal y como pretende el PSOE.
La Constitución establece que los impuestos no pueden ser confiscatorios, mientras el Estado gasta el 50% del PIB
En el principio de generalidad se establece que el Gobierno debe tipificar como hecho imponible todo acto o negocio jurídico que demuestre capacidad económica. Es decir, con carácter general se prohíben las exenciones y bonificaciones que puedan resultar discriminatorias. No obstante, sí se pueden conceder beneficios tributarios por razones de política económica.
Además se establece el principio de igualdad del sistema tributario, donde se expresa en la capacidad contributiva de los ciudadanos, en el sentido de que situaciones económicas iguales conllevan una imposición fiscal igual. Se prohíben los tratos discriminatorios, pero no el tratamiento diferencial derivado de distintas situaciones de hecho.
En cuanto al criterio de «no confiscación», la Constitución Española señala la contribución de los ciudadanos se realizará a través de un «sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». La subida de impuestos del PSOE esperada será de 13.500 millones mediante figuras impositivas y el Estado gasta cerca del 50% del PIB, y la subida de impuestos a las rentas más elevadas -las que superen los 150.000 euros- pagarán más del 50% del salario. No obstante, la Constitución no fija límites a la hora de definir confiscatorio.
Las rentas de más de 150.000 euros pagarán en impuestos más del 50% de su salario
En cuanto a la progresividad, señala que hay que fijar límites para los impuestos no tengan carácter confiscatorio. De hecho, la Constitución Española señala que el nivel de contribución que deba considerarse de alcance confiscatorio es una cuestión compleja que el Tribunal Constitucional ha resuelto señalando que lo es cuando a raíz de la aplicación de los diferentes tributos se llegue a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades. No obstante, el propio Tribunal afirma «la dificultad de situar con criterios técnicamente operativos la frontera en la que lo progresivo o, quizá mejor, lo justo, degenera en confiscatorio».
Sobre el principio de capacidad económica, la Constitución establece que tradicionalmente el principio suponía que sólo cuando se producía un hecho o negocio jurídico indicativo de capacidad económica se podía establecer el tributo. Esto supone que la norma con carácter general establece las condiciones para la imposición; sin embargo, no han faltado ocasiones en las que la generalización del hecho imponible establecido en la norma podía ser contraria a la Constitución al producir mayor presión fiscal sobre quienes en realidad tienen menos capacidad económica.
El PSOE pretende destopar las cotizaciones sociales, sin dar nada a cambio
No obstante, el PSOE no solo pretende destopar el límite máximo de las cotizaciones sociales, sino que los trabajadores que más contribuyen a los ingresos no obtengan una pensión más elevada a cambio, lo que podría tratarse de una clara discriminación. Asimismo, el Gobierno y los anteriores se han cuidado y mucho de no calificar las cotizaciones sociales como un impuesto, sino que es una parte del sueldo que destinan las empresas a la Seguridad Social a cuenta del empleado.
«Solo con cotizaciones no podemos pagar las prestaciones contributivas (…), tenemos que ir a completar con impuestos, guste o no guste», ha afirmado la ministra en un acto en Palma. Valerio ha expuesto que el Gobierno del PP fue utilizando la llamada «hucha» de las pensiones para abonar las prestaciones sociales cuando las cotizaciones cayeron durante la crisis, pero ese fondo ya no es suficiente y el Gobierno ha tenido que recurrir a préstamos.
Por ello, como la Ley de Seguridad Social permite que, además de las cotizaciones, las pensiones se abonen con cargo a los Presupuestos del Estado, es preciso que se incrementen los ingresos estatales, ya sea con nuevos impuestos finalistas o con la ampliación de tributos ya existentes, ha argumentado.
