La acusación popular en la causa del 9N, que agrupa a los sindicatos policiales SPP y UFP y Manos Limpias, pide seis años de prisión y otros 22 de inhabilitación para el expresidente catalán Artur Mas.
Las tres acusaciones particulares acusan al ex presidente de la Generalitat de un delito de malversación, además de prevaricación y desobediencia. A estos supuestos delitos se le añade el de malversación, por lo que le piden al juez una condena de seis años de cárcel.
Para ello se basan en los gastos realizados por la Generalitat para el 9-N:
-Convenio CIRE: 50.317,31 euros
-Solucions TICS con CTTI y subcontratistas: 698.685,50 euros.
-Diseño campaña informativa: 21.767,90 euros.
-Registro de dominio www.participa2014.cat: 74,05 euros.
-Suplemento seguro voluntarios AXA: 1.409,26 euros.
-Campaña mediática anterior y coetánea al 9 n: 806.403,52 euros.
-Producción campaña informativa: 21.767,90 euros.
–Servicio de mensajería: 16.175,75 euros.
–Redacción, diseño y distribución carta participación: 307.963,71 euros.
A estas cantidades debe añadirse la utilización de los 7.000 ordenadores adquiridos con dinero público, y utilizados para la consulta del 9N, ascendente a la cantidad de 2.786.347,65 euros. En total acusan a Mas de haber malversado 4,7 millones de fondos públicos en la organización de la consulta ilegal e inconstitucional.
Según un comunicado, «en el escrito de acusación se asevera que se entiende probado, además, que los acusados permitieron todas las actividades de preparación de la consulta y actos vinculados a ella, sin resolver o suspender los contratos aprobados con diferentes entidades para la celebración de la consulta, como por ejemplo, la distribución del material confeccionado para la consulta, la instalación de los ordenadores sufragados con dinero público en los diferentes institutos, o la contratación de diferentes técnicos informáticos que durante la consulta estuvieron pendientes de la solución de incidencias informáticas en la página web y en los programas informáticos de recogida de datos de la votación. Esta cantidad de dinero público no fue destinada al desarrollo de una función pública, ni aplicada a un fin lícito, sino que se destinó, indebidamente, a la celebración de un acto ilegal, que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional».
Por el delito de desobediencia grave, la pena de multa de doce meses a razón de 100 euros /día e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años; por el delito de prevaricación administrativa, la pena de inhabilitación especial para
empleo o cargo público por tiempo de diez años; mientras que el delito de malversación de caudales públicos, del art. 433, párrafo segundo,
pena de prisión de seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez años. En total 22 años de inhabilitación.
La acusación popular se desmarca así de la Fiscalía, que pide solo penas de inhabilitación para Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, al imputarles los delitos de desobediencia y prevaricación a los que el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ciñó el caso del 9N.
