Theresa May ha suavizado el discurso, eliminado la petición de crear listas de extranjeros e impone una condición principal para llegar a un acuerdo sobre el Brexit.
Según la primera ministra británica, la salida de Reino Unido de la UE se realizará de forma «ordenada» y «armónica». «Abandonamos la Unión Europea, pero no le damos la espalda a Europa. Espero que sea un adiós armónico y ordenado. Es en interés del Reino Unido y del resto de países de la UE», ha asegurado May en rueda de prensa conjunta con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen.
May insiste en activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, sobre la salida de un Estado comunitario de la UE, antes de finales del próximo marzo, aunque tiene de plazo dos años, hasta junio de 2018. Al tiempo, ha asegurado que se garantizarán los derechos de los ciudadanos comunitarios residentes en su país siempre y cuando los británicos residentes en la UE sean tratados de la misma forma.
«Es trágico que el Reino Unido abandone la Unión Europea, pero los británicos han tomado su decisión y lo respetamos«, declaró Rasmussen tras un almuerzo de trabajo entre ambos líderes en Marienborg, la residencia del primer ministro danés situada a las afueras de Copenhague.
La polémica por los mensajes agresivos de May hacia los extranjeros residentes en Reino Unido ha llegado a tal punto que la primera ministra ha tenido que dar marcha atrás y renunciar a la petición de crear listas de extranjeros en las empresas.
En Reino Unido hay cerca de dos millones de ciudadanos comunitarios que no tienen la nacionalidad pero trabajan allí. La medida hubiera supuesto la pérdida de esos dos millones de empleos, que serían suplidos con parados ingleses.
No obstante, en caso de que esa medida se hubiera llevado a cabo, se cortaría la libre circulación y se volvería de nuevo al proteccionismo, un peligroso escenario en plena era de la globalización.
«No estamos proponiendo pedir a las empresas que nombren, hagan listas, identifiquen o avergüencen a las personas que son extranjeras», ha afirmado el Gobierno británico. La idea es «ofrecer empleo a los británicos, que es lo que se esperaría, antes de que importen mano de obra más barata del extranjero«.
La polémica se desató a raíz de las duras declaraciones de Amber Rudd, la ministra de Interior, quien pidió castigar a las empresas que contraten extranjeros.