La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está estudiando una «reestructuración global» de la deuda de las comunidades autónomas para que puedan volver a salir a los mercados y recuperar «su autonomía financiera y política». Un síntoma de que es impagable.
Esta reestructuración de la deuda permitirá a las autonomías «transitar más fácilmente» por su calendario de amortización, ha explicado Montero en declaraciones a los medios tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
El objetivo final, ha añadido, es que «en un plazo de tiempo razonable» todas las comunidades puedan salir a los mercados y «recuperar la autonomía financiera y política» que, a su juicio, habían «perdido» por instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
También ha señalado que estudia la posibilidad de que una parte de la deuda a corto plazo pase a ser de medio plazo para las comunidades autónomas (como Cataluña y Valencia) y ayuntamientos que tengan problemas en su capacidad para afrontar los pagos, es decir, cuya deuda sea «estructural».
Se cargará la regla de gasto
Por otro lado se ha comprometido a la flexibilización de las condiciones para que los ayuntamientos y comunidades autónomas en superávit puedan invertir estos fondos, ahora limitados por el «encorsetamiento» de la regla de gasto. En declaraciones a los medios después de la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), Montero ha puntualizado que esta iniciativa se emprenderá una vez que las Cortes hayan dado el visto bueno a la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2019-2021 que se aprueba mañana.
El objetivo, ha explicado, es ampliar el porcentaje de superávit que se puede dedicar a inversiones financieramente sostenibles más allá de la regla de gasto -que impide aumentar el gasto más de un determinado porcentaje-, así como «modificar el concepto» de estas inversiones, lo que permitirá desarrollar proyectos que ahora no son posibles. En definitiva, «incorporar preocupaciones que existen» en los municipios.
Regulará el impuesto de la plusvalía
Montero ha añadido que pretende convocar este mes la comisión encargada de estudiar la modificación de la regla de gasto para analizar «con más detalle» los elementos que se pueden incorporar. La ministra ha avanzado que el Gobierno apoyará la tramitación de la ley que regula el impuesto de la plusvalía -después de que el Tribunal Supremo dictaminara que no se pueden gravar con este tributo las ventas a pérdidas-, que fue el resultado de un acuerdo del anterior Ejecutivo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El Supremo está estudiando ahora la fórmula utilizada para el cálculo de ese impuesto, al gravar la revalorización futura y no la realmente efectiva en el pasado.
También ha planteado la necesidad de trabajar para que la ejecución de los fondos europeos en los municipios no «compita» con el resto de recursos amparados bajo la regla de gasto. Montero ha explicado que el encuentro de hoy también ha servido para «tomar nota» de las aspiraciones de las administraciones locales, con el objetivo de que tengan el protagonismo «que merecen», al tiempo que ha agradecido el esfuerzo de este subsector a la corrección del déficit público.
También la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha mostrado su voluntad de situar las corporaciones locales «en el centro de la política».
En ese sentido, se ha propuesto la constitución de un grupo de trabajo para evaluar una posible ampliación de sus competencias, lo que se plasmaría en un proyecto de ley.
También se ha abordado la creación de otro grupo de trabajo para afrontar el reto demográfico, y en el que tienen que participar entidades locales y comunidades autónomas, que son quienes conocen la realidad de sus municipios y los problemas como la despoblación o el envejecimiento.