María Jesús Montero, ministra en funciones de Hacienda e ‘ideóloga’ del fin del mantra de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los contribuyentes, ha usado a la Abogacía del Estado para justificar el bloqueo del adelanto de las transferencias a las autonomías de 2019 que el Gobierno no ha abonado. Los más peurjdicados con esta situación, los ciudadanos.
Los presidentes autonómicos de Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León, así como los distintos líderes regionales del PP, se han sumado este miércoles para exigir al Gobierno en funciones la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre financiación autonómica.
El objetivo es que en este foro, integrado por el Ministerio de Hacienda y los consejeros de las distintas comunidades en este ámbito, se aborden los fondos pendientes de transferir a las autonomías, un total de casi 7.000 millones de euros, entre las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación del IVA de 2017.
Unas cuantías que están sin abonar por encontrarse el Gobierno en funciones, ya que el Ministerio de Hacienda ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado sobre esta cuestión que determina que el Ejecutivo tiene muy limitada su capacidad de actuación y no puede actualizar las entregas a cuenta.
El vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, ha advertido esta mañana de que este «informe fantasma» no puede esgrimirse por Hacienda para estar «amenazando y chantajeando» a las comunidades, sobre todo a las del PP, y ha pedido la convocatoria «urgente» de un Consejo de Política Fiscal.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho esta misma reclamación en su cuenta de Twitter, en la que dice que el Ejecutivo «se ha quedado sin excusas para pagar a Andalucía los 1.350 millones que nos adeuda de 2019».
El resto de presidentes autonómicos del PP se han unido a esta petición, al igual que los líderes regionales del partido, a través de mensajes en sus cuentas de Twitter.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cifra en 1.300 millones la cuantía pendiente y critica que el Gobierno se escude en un «informe inexistente» de la Abogacía del Estado para no transferir estos fondos.
Para el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, «un Gobierno en funciones no es un gobierno sin funciones» y lo más importante es que los servicios se presten «con normalidad» por lo que es necesario un Consejo Fiscal «inmediato» sobre esta cuestión.
Desde Murcia, el presidente Fernando López Miras advierte de que el Gobierno «no puede quedarse de brazos cruzados» ante la situación «extrema» a la que está llevando a las comunidades.
Y Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, ha considerado «urgente» que el jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, establezca las fórmulas más adecuadas de financiación para «garantizar el desarrollo de las competencias autonómicas y, por lo tanto, el bienestar de la personas».
Se han sumado a esta petición, así como a las críticas a la ministra María Jesús Montero, los líderes del PP en Canarias, Australia Navarro; Baleares, Biel Company; Castilla-La Mancha, Francisco Núñez; o Comunitat Valenciana, Isabel Bonig; Asturias, Mercedes Fernández; y Aragón, Luis María Beamonte, entre otros.
Así como el Extremadura, José Manuel Monago, que asegura que el Estado adeuda a la comunidad 200 millones correspondientes a 2019; y la de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que habla de 130 millones.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ya ha asegurado este miércoles que el Gobierno «busca fórmulas» para pagar las entregas a cuenta a las comunidades y «sortear» el informe de la Abogacía del Estado, según el cual un Gobierno en funciones no puede transferir dinero a las autonomías.
Ha reconocido que el informe escrito fue solicitado la semana pasada y llegó ayer al Ministerio de Hacienda, pero ha subrayado que la Abogacía mantiene desde 2016 el criterio de que «un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que condicionen la actuación de un nuevo Ejecutivo».
La estrategia del PP se completa con varias preguntas presentadas en el Congreso por la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y el portavoz adjunto para asuntos económicos, Mario Garcés, en las que se reclama un Consejo de Política Fiscal por los «incumplimientos con las comunidades».
Informe de la Abogacía del Estado en tiempo récord
Hacienda siempre defendió desde un principio la existencia de un informe de la Abogacía del Estado que, ahora, resulta ha terminado ayer, martes, 27 de aagosto, en el que rechaza que un Gobierno en funciones esté capacitado pueda actualizar las entregas a cuenta y devolver a las comunidades autónomas la liquidación del IVA, según Hacienda.
El PP registró una solicitud este lunes al Ministerio para que le remita este «supuesto» informe de la Abogacía porque, con independencia del contenido y alcance del mismo, considera que el libramiento de fondos a las autonomías no puede quedar reducido a una facultad discrecional del Estado.
Según han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda a EFE, este departamento del Gobierno ha realizado múltiples consultas verbales -no válidas según la legislación vigente que la ministra en funciones Montero parece obviar- a la Abogacía del Estado para saber si un Gobierno en funciones puede o no actualizar las entregas a cuenta y la respuesta ha sido siempre negativa.
El pasado jueves 22 de agosto pidió a la Abogacía del Estado que este informe verbal se tuviera por escrito, un trámite que ya ha concluido, aseguran las mismas fuentes, por lo que Hacienda no tendrá inconveniente en facilitarlo al PP, señalan.
En base a la consulta realizada, un Gobierno en funciones tiene muy limitada su capacidad de actuación y no puede actualizar las entregas a cuenta, tal y como ha trasladado en múltiples ocasiones la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, indican desde su departamento. Es decir, que según este Departamento un Gobierno en funciones si puede tomar decisiones de gran calado económico, como ocurrió antes de las elecciones del 28-A, que incluso decretó la bajada del pan, pero no puede pagar lo que que le debe a las autonomías para que sigan funcionando.
Y añaden que es un criterio que también defendió en 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy.
Hacienda advierte de que la no actualización de las entregas a cuenta es una de las consecuencias del «bloqueo político» que consideran que están llevando a cabo PP y Ciudadanos, por lo que recriminan que al mismo tiempo la critiquen.
Desde el Ministerio aseguran que el compromiso en este sentido es muy claro y que la primera medida que se llevará al Consejo de Ministros una vez que se forme Gobierno será la actualización de las entregas a cuenta, a través de un Real Decreto ley.
Con anterioridad a esta información del Ministerio, el portavoz económico del PP en el Congreso, Mario Garcés, había acusado al Gobierno de querer «introducir asfixia» en las comunidades autónomas al no transferir los fondos pendientes con el «posible» objetivo de «presionar» para lograr una investidura.
En declaraciones en el Congreso, Garcés ha cuestionado que «no exista» el informe de la Abogacía del Estado prometido por la ministra Montero, sobre la viabilidad legal o no de la transferencia de recursos a las comunidades en tiempos de un Gobierno en funciones.
Preguntado sobre por qué cree que el Gobierno no transfiere los fondos, ha respondido que «probablemente» persiguen como objetivo «introducir mayor asfixia y mayor hipertrofia en la capacidad de financiación» de las comunidades y así «presionar para aprobar los presupuestos generales y la formación de un gobierno».