El Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, ha admitido no tener personal suficiente y autorizado para realizar los preceptivos controles de auditoría y control financiero a determinados organismos públicos.
De esta forma, ha permitido a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) contratar servicios de empresas privadas para auditar a determinados organismos ante la carencia de «efectivos suficientes» para cumplir la normativa.
Según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado, la IGAE «carece de efectivos suficientes para hacer frente» en el plazo previsto a algunas actuaciones previstas en los planes de auditorías y control financiero, por lo que por «eficiencia técnica y organizativa» se ve en la necesidad de contratar determinadas actuaciones a empresas privadas. Ante esta situación, Hacienda autoriza esa colaboración privada para efectuar las auditorías de las cuentas de 2018 a las entidades previstas en la Ley General Presupuestaria, entre las que se incluyen organismos autónomos, entidades públicas empresariales o fundaciones del sector público estatal. También se autoriza que los contratos se extiendan durante más de un año para los trabajos de la IGAE con carácter periódico y recurrente.
Según la normativa, la Ley General Presupuestaria, establece la obligación de la Intervención General de la Administración del Estado de realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de los Organismos Autónomos, las Entidades Públicas Empresariales, las Entidades Estatales de Derecho Público distintas de las anteriores, los Consorcios contemplados en el artículo 2.1.h) de la Ley, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y los Fondos considerados en el artículo 2.2 de la Ley que rindan cuentas independientes, las Fundaciones del sector público estatal obligadas a auditarse por su normativa específica y las Sociedades Mercantiles Estatales y las Fundaciones del sector público estatal no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el Plan Anual de Auditorías.
En el artículo 141 establece que la Intervención General de la Administración del Estado ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público estatal y de las financiadas con cargo a fondos comunitarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa comunitaria.
La disposición adicional segunda de la ley prevé que para la ejecución de dicho Plan Anual, la Intervención General de la Administración del Estado pueda, en caso de
insuficiencia de medios propios disponibles, recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, siendo necesaria una Orden del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, en la que se especificará la insuficiencia de los servicios de la Intervención General de la Administración del Estado que justifique dicha contratación.
La IGAE «carece de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones de control y auditoría»
Ante la insuficiencia de medios, la Intervención General de la Administración del Estado «carece de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones de control y auditoría previstas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2019 y en el Plan de Control de Fondos Europeos para el año auditor 2018-2019», publica el BOE.
«Por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa encaminadas a cumplir los objetivos de ejecución contenidos en dichos Planes y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa nacional y comunitaria, determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control».
De esta forma, «se autoriza a la Intervención General de la Administración del Estado, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, a recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría para la realización de auditorías de las cuentas anuales del ejercicio 2018 de las entidades a que se refiere el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, incluidas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2019 y para la realización de controles de fondos comunitarios establecidos en el Plan de Control de Fondos Europeos para el año auditor 2018-2019».