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El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Montoro admite, por fin, el infierno burocrático en España

Crear una empresa en España puede llevar más de 13 días por los trámites burocráticos, siempre y cuando no se demore el tiempo por los requisitos que hay que cumplimentar. El tiempo es significativamente más elevado respecto a la media de otros países de la UE y el puesto 85 de la OCDE.

Tras las subidas de impuestos a niveles nunca vistos en España desde la llegada del PP al Gobierno en 2011, aunque las ha edulcorado con bajadas en 2014 y 2015, la realidad es que la presión fiscal continúa siendo un infierno en España, al tiempo que se suma la burocracia. Ahora el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se ha enfundado el papel de liberal y ha afirmado que «no tiene ningún sentido» que persistan «obstáculos» en la administración que demoren meses algunos trámites, como permisos, licencias, creación de empresas…

Según los cálculos del informe Doing Business 2017 del Banco Mundial, se tarda en crear una empresa en España una media de 13 días frente a los 8,3 días de los países de la OCDE. «España no destaca por ser un país ágil», apuntan desde Bankinter. En comparación con la UE, España es uno de los países donde más tiempo se tarda para crear una sociedad. En Dinamarca, por ejemplo, se tarda únicamente tres días de media, mientras que en Francia y Estonia se sitúan en 3,5 días. España se sitúa en el puesto 85 mundial según el informe Doing Business, que evalúa 190 países de todo el planeta. En 2017, España bajó seis posiciones respecto a 2016.

Crear una empresa en Francia se tarda cuatro veces menos tiempo que en España

Se considera tiempo necesario para crear una empresa al «número total de días de calendario necesarios para que una persona inscriba una empresa. La medición indica la duración promedio que los abogados expertos en la constitución de sociedades estiman como necesaria para completar un procedimiento, haciendo un seguimiento mínimo de los organismos de gobierno y sin necesidad de realizar pagos extraordinarios».

El Banco Mundial señala que el tiempo mínimo para cumplimentar un requisito es de un día, y de solo medio día en caso de que se pueda cumplimentar a través de Internet. «Aunque haya procedimientos que puedan realizarse simultáneamente, éstos no pueden comenzar en el mismo día», señala. Asimismo, se considera que un procedimiento de registro se ha completado una vez que la sociedad ha recibido el documento final de incorporación, como por ejemplo el certificado de inscripción de la sociedad, o que puede comenzar operaciones de manera oficial.

«Sigue existiendo mucha resistencia dentro de nuestras administraciones», ha reconocido el ministro durante la inauguración de los actos de celebración de la Semana de la Administración Abierta, al tiempo que ha subrayado que la «obligación» de la administración es la prestación «rápida y diligente» de servicios.

«Estamos modernizando nuestras administraciones y haciendo que esas administraciones también tengan un diálogo permanente con el ciudadano», ha explicado Montoro, quien ha defendido el Estado descentralizado de las autonomías, mayor que la de muchos Estados federales.

Reniega el elefantiásico Estado público con la comparación de gasto sobre PIB

Esta descentralización «a veces transmite la idea de que el Estado de las autonomías es elefántico», con una burocracia excesiva, algo que «no es verdad» porque el tamaño del Estado en España ronda el 41% del PIB, inferior al de otros países desarrollados. No obstante, hay que señalar en qué se emplea el dinero público, y es que por ejemplo, España se sitúa en el puesto 46 de todos los países de la OCDE en relación al gasto en Sanidad, superada por países como Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suecia, entre otros. No obstante, España destina más recursos públicos a Defensa, entre otras partidas.

Además, Montoro ha defendido la administración digital -aunque su desarrollo suele correr a cargo del sector privado-, que permite la gestión telemática del IVA o una mejor colaboración entre administraciones, algo que se ha visto en la «intervención» de la Generalitat de Cataluña, que es electrónica.

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