El Gobierno, con el apoyo del PP y Ciudadanos, prepara un nuevo hachazo a las familias con un catastrazo para 2017, por lo que revisará el precio de la vivienda, obligando a pagar más IBI a los Ayuntamientos.
Cristóbal Montoro ha evitado pronunciarse públicamente de esta nueva subida que afectará a 11,4 millones de inmuebles para este 2017. Así lo sostienen las cuentas que exige el Gobierno que apruebe el PSOE y el PNV, al ganarse ya los votos de PP y Ciudadanos.
Las cifras aparecen en la ‘Memoria de gestión del catastro inmobiliario‘ incluida en los PGE de 2017, según recoge El Confidencial. De esta forma, los principales beneficiados serán los Ayuntamientos, ya que el IBI y el polémico Impuesto de Plusvalía son sus principales sustentos.
Con esto, también se modificará el IRPF de cara a la campaña de la Renta 2017, ya que entrará en vigor este mismo año. También afectará al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como a Patrimonio. Y es que, cuanto más se eleve el valor catastral, más se incrementa la base imponible y por tanto más dinero que saldrá del bolsillo de los contribuyentes hacia las arcas.
En este sentido, Montoro trata así de incrementar los ingresos del sistema público, siempre a costa de las familias, más cuando se ha propuesto registrar la mayor recaudación de la historia en el conjunto del Estado, superando los 200.000 millones de euros por primera vez. En las anteriores cuentas, el ministro de Hacienda se ha quedado siempre corto sobre el presupuesto inicial, y ahora trata de conseguir el objetivo.
De esta forma, evita subir los impuestos directamente, como prometía el acuerdo entre PP y Ciudadanos, pero de facto los aumenta, ya que sube de forma artificial la base imponible. El favor se dirige sobre todo a los Ayuntamientos, tan dependientes del IBI, un impuesto que se paga por el mero hecho de tener en propiedad una vivienda.
El catastrazo se concretará a finales de septiembre, donde se desvelará el montante en el que aumentarán de forma artificial el precio de la vivienda, así como las zonas que afectará. Los Ayuntamientos, no obstante, tendrán solo hasta el 30 de mayo para exigir la actualización.
El pasado año no hubo catastrazo debido a la prórroga presupuestaria, por lo que casi una cuarta parte de los municipios españoles, unos 2.450, evitaron subir el precio de su vivienda. Hacienda cree que con esta medida se realiza una recaudación más justa en los tributos que recaen sobre la propiedad inmobiliaria. No obstante, es una forma más de esquilmar bolsillos de los contribuyentes, que ven como su dinero ganado en el trabajo tiene que continuar pagando impuestos por comprar viviendas, tenerlas en propiedad y continuar pagando después de muerto, a través del impuesto de Sucesiones y Donaciones.
El Estado aplicará el método de los coeficientes aprobado por ley a 10 millones de viviendas y otros 1,4 millonesa través de la vía de procedimientos de valoración colectiva.
