El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha pedido no especular sobre la cantidad de la multa a España y Portugal, para asegurar que «no hay ninguna voluntad de castigar» a esos países por no haber tomado medidas efectivas para corregir sus déficit. «Hoy no se trata de la sanción, en absoluto. Hoy se trata de documentar el pasado», recalcó el comisario galo en una rueda de prensa.
La Comisión Europea (CE) puede recomendar a los ministros de Economía y Finanzas de la UE reducir el monto de la multa o cancelarla completamente en base a circunstancias económicas excepcionales o tras una solicitud razonada del país afectado.
En el caso de España la multa puede ir de cero a casi 2.200 millones de euros e implicar la suspensión de parte de los fondos estructurales europeos. «Aplicaremos las reglas de manera inteligente, lo que significa que no hay ninguna voluntad de castigar» a esos países, señaló Moscovici, que dijo que la CE respeta «plenamente los esfuerzos hechos» y es «consciente de la situación económica». «Lo haremos trabajando en estrecha cooperación con España y Portugal y la presidencia del Consejo de la UE», actualmente en manos de Eslovaquia, explicó.
También el vicepresidente de la CE para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, señaló que «tenemos que tener en cuenta que estamos lidiando con las secuelas de la crisis financiera y económica» y «el esfuerzo hecho por los dos países miembros» para reducir el déficit.
También explicó que el hecho de que ambos países no hayan corregido su déficit, Portugal lo tenía que hacer en 2015 y España este año, exige definir nuevos objetivos y una nueva senda fiscal para alcanzarlos.
Dombrovskis indicó que «por supuesto estamos en estrecho contacto con las autoridades españolas y portuguesas, a nivel de ministros de Economía y Finanzas y a nivel de presidentes y primeros ministros. Por supuesto tenemos en cuenta sus argumentos cuando decidamos sobre los próximos pasos» a la hora de definir la multa y la nueva senda.
«España y Portugal han recorrido un largo camino. Pasaron por una grave crisis económica y financiera, han logrado restaurar la estabilidad financiera gracias a los importantes ajustes fiscales y han dado la vuelta a sus economía mediante reformas estructurales para recuperar competitividad», dijo. «Estos esfuerzos no deben ser subestimados», añadió que «están dando resultados». «Ambos países han vuelto al crecimiento económico y se están creando miles de nuevos empleos», agregó.
También Moscovici afirmó también que ambos países «salen de una muy profunda crisis económica que tuvo un gran impacto en el funcionamiento de la economía real y también en el bienestar de los ciudadanos». «Se han hecho muchos sacrificios y se tomaron medidas difíciles para corregir los déficit (…) y han vuelto al crecimiento y a la creación de empleo».
«La decisión no es de ninguna manera una manera de socavar estos hechos. Saludamos estas mejoras», explicó, y agregó que el análisis «se basa únicamente en los esfuerzos fiscales hechos en 2014 y 2015 con respecto a los objetivos fijados en la recomendación del Consejo de junio de 2013″.
Moscovici también defendió que la CE debe implementar las reglas y garantizar que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento sea creíble.»La CE siempre ha actuado, actúa ahora y seguirá actuando dentro de las reglas del Pacto», indicó.
La Comisión admite que la inflación baja o incluso negativa, esgrimida por el Gobierno en funciones, «dificultó» que España alcanzara los objetivos fijados, pero sostiene que este hecho fue «ampliamente compensado por un crecimiento más elevado de lo esperado del PIB real», y también la «creación rápida de empleos», entre otras «benefició la reducción del déficit», argumenta.
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE tendrán ahora que decidir, el próximo martes, si España no ha tomado medidas efectivas, un asunto que figura ya en la agenda del Ecofin y que un día antes en el Eurogrupo será objeto de debate.
España tiene entonces 10 días para presentar a la CE una solicitud razonada para explicar los motivos por los que debe cancelar la multa, que asciende en el peor de los casos a 2.200 millones de euros e implica la suspensión de compromisos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

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