Los Mossos, el cuerpo policial mejor pagado de Cataluña, son un 60% más caros que los policías nacionales o los guardias civiles.
Los Mossos rozan los 17.000 efectivos, por lo que toca un mosso por cada 445 habitantes de Cataluña; en el conjunto de España, la suma de la Policía Nacional y de la Guardia Civil arroja una proporción de un efectivo cada 300 habitantes.
En este sentido, la partida presupuestaria de «seguridad pública» de la Generalitat se encuentra en torno a los 950 millones de euros anuales -830 millones para pagar sueldos-.
A nivel nacional, la misma partida de los Presupuestos Generales del Estado asciende a 5.323 millones, esto supone que Cataluña disfruta de 126 euros por cabeza en 2seguridad ciudadana» prestada por la Generalitat; en el conjunto de España, 114 euros por habitante, un 10% menos.
Oficiales de la Guardia Civil piden al Gobierno tomar el mando de los Mossos
Gobierno en Cataluña asuma el control de los Mossos d’Esquadra ante la «pasividad» que, a su juicio, están exhibiendo ante el proceso soberanista catalán por las «directrices políticas» de su cúpula.
Esta asociación, que representa a los mandos de la Guardia Civil, ha emitido un comunicado para alertar de que esas directrices pueden «poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la imagen del país».
La Unión de Oficiales se han preguntado cómo es posible que sean cien guardias civiles «los que están realizando un trabajo incuestionable en defensa del cumplimiento de las leyes, mientras que los Mossos, con 17.000 agentes, parecen estar coartados por la politización de su cúpula de mando».
Por ello, ha solicitado que se tomen las medidas necesarias y acuerdos de consenso por parte del conjunto de los responsables políticos, «con el único objetivo de preservar la seguridad del conjunto de los ciudadanos catalanes».
Entre ellas, que el Gobierno central asuma el control de los Mossos, pues la considera la única manera de asegurar que «inequívocamente actuarán conforme a los principios básicos establecidos por la Constitución y las leyes sin que se corra el gravísimo riesgo de que la ideología política prevalezca, provocando con ello un conflicto soterrado entre miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad armados para hacer valer el ordenamiento jurídico».
