La Fiscalía de Lérida esperará a que pase el 1-O para decidir si detiene a los alcaldes que no se han presentado a declarar, tras ser citados por su apoyo al referéndum convocado por el Govern y suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC).
Según han confirmado fuentes de Fiscalía a EFE, será después del domingo, 1 de octubre, cuando se determine qué medidas tomar contra los alcaldes de Lleida que se han negado a declarar por su participación en la consulta.
El alcalde de Bell-lloc d’Urgell, Carles Palau, es uno de los ediles que ha decidido no acudir a su cita con la Fiscalía.
El alcalde de Alcarràs, Miquel Serra, y el de Seròs, Gabriel Pena, son los otros dos que han eludido su cita con la Fiscalía. Mientras tanto estos Mossos uniformados aplauden a manifestantes separatistas, tal y como muestra el vídeo difundido en las redes sociales:
Mossos uniformados aplaudiendo a manifestantes independentistas en Lleida. Por favor, compártelo. pic.twitter.com/kj0vUET6eV
— José López (@CiutadaBCN) 24 de septiembre de 2017
El Govern recurre el «órgano de coordinación» policial para el 1-O
El gobierno de la Generalitat ha acordado plantear un «requerimiento de incompetencia» ante el Gobierno del Estado contra el «órgano de coordinación» policial impulsado por la Fiscalía, al entender que es «contrario al Estatut» y «vulnera las competencias de la Generalitat de Cataluña».
La semana pasada, el fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ordenó que el Ministerio del Interior, a través de su Secretaría de Estado, asuma la coordinación de todas las actuaciones de Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional para impedir el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Tras la reunión de hoy del Govern, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha anunciado una batería de iniciativas jurídicas contra las actuaciones de la Fiscalía para frenar el 1-O, entre ellas un «requerimiento de incompetencia» contra la instrucción dirigida a coordinar la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos, a través del director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.
Según Turull, la instrucción del fiscal «altera la dependencia orgánica» de los Mossos, porque «los adscribe a un órgano de la administración del Estado que no forma parte de ninguna cadena natural de mando del cuerpo».
El Govern, ha recalcado, plantea una «batalla jurídica» porque el fiscal no tiene la «legitimidad» para crear este «organismo de coordinación» y está abierto a acudir a la justicia europea.