El ministro de Energía, Álvaro Nadal, continúa dando qué hablar con el bono social a las familias numerosas. Nadal asegura que no se va a excluir a una familia numerosa del bono social, pese a que el borrador así lo expone.
Así Nadal ha asegurado que el borrador del real decreto, remitido hoy a Competencia estipula que las familias numerosas seguirán como beneficiarias del bono social, al tiempo que ha advertido que «no se van a financiar lujos«. En este sentido ha afirmado que «no se va a poner el bono social para calentar la piscina climatizada, por poner un ejemplo un tanto absurdo». «El bono social es para niveles de consumo habituales en una familia con ese número de miembros», ha insistido Nadal en declaraciones a los periodistas en el Congreso, en las que ha recalcado que todos los consumidores «van a tener limitado el consumo bonificado«.
El ministro ha afirmado que no se va a excluir a nadie que sea una familia numerosa. No obstante, la realidad del borrador remitido a las Comunidades Autónomas apunta a lo contrario. Según el ministro, se bonificará «un consumo normal de una familia normal«.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para su preceptivo informe, el borrador de real decreto que desarrolla el bono social de electricidad.
El borrador enviado hace unas semanas a las Comunidades Autónomas elimina a las familias numerosas del descuento en la factura de la luz, un bono social que fue otorgado por el Gobierno de Zapatero sin otro requisto que tener tres o más hijos. Ahora el Gobierno se centrará en hogares vulnerables, según el nivel de renta, por lo que familias numerosas acogidas al bono social podrían quedar fuera con el nuevo decreto.
De esta forma, para los consumidores vulneables se prevé un descuento del 40 % en la factura eléctrica, y establece que a los consumidores atendidos por los servicios sociales no se les podrá suspender el suministro. La bonificación del 40%, para consumidores vulnerables severos, está pensada para aquellos hogares con rentas inferiores al 50 % de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables.
Se crea también la categoría de consumidores en riesgo de exclusión social, que serán aquellos consumidores vulnerables severos que, por sus especiales circunstancias, estén siendo atendidos por los servicios sociales, a los que no se les podrá suspender el suministro eléctrico. En el caso de los consumidores vulnerables y vulnerables severos se amplía de 2 a 4 meses el plazo para que, en caso de impago, una comercializadora pueda proceder a la suspensión del suministro.
Además se refuerzan las obligaciones de información para los consumidores y, en caso de impago y con carácter adicional a los dos requerimientos que se venían exigiendo hasta ahora a las comercializadoras, éstas deberán además informar al consumidor en el momento de producirse el impago y 15 días antes de proceder al corte de suministro. Las administraciones competentes en materia de política social tendrán además un listado actualizado de las suspensiones previstas del suministro eléctrico. Nadal ha considerado que todos los grupos políticos verán reflejados sus propuestas en este borrador, ya que se han tomado «ideas de todos» y «viene a ser una combinación de todos ellos».
Una vez que cuente con el informe de la CNMC y de la Comisión Europea, el Gobierno pasará a la tramitación del real decreto, que Nadal ha estimado que «eso llevaría muy poco tiempo».
De esta forma, por el mero hecho de ser familias numerosas no se podrá beneficiar del bono social, un derecho que les dio el Ejecutivo socialista y que se borra con el Gobierno de Rajoy. Las eléctricas exigían estos cambios para evitar tener que pagar más por el bono social, pese a los estratosféricos beneficios que se obtienen de un servicio esencial como es la luz.
En el texto se crean diferentes categorías de hogares vulnerables de acuerdo a unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se ampliarán para una serie de circunstancias especiales (grado de discapacidad y otros), basadas en supuestos socieconómicos.
Una de las categorías es la de ‘hogares vulnerables severos’, que se beneficiarán de un descuento más elevado que el que tendrán otros consumidores considerados vulnerables.
El reglamento establece, además, que las comercializadoras deberán comunicar a los consumidores los impagos de sus facturas desde el primer momento, tras lo cual podrán reclamar fehacientemente el pago por correo certificado, burofax o medio telemático mediante firma electrónica.