La compensación a los autores por copias privadas de sus obras, conocido como canon digital, se cargará sobre móviles, CD y memorias. Administraciones públicas, personas jurídicas o físicas en condición de consumidor final y las realizadas por quienes tengan autorización no tendrán que abonarlo.
Así lo ha aprobado este lunes el Consejo de Ministros extraordinario con un decreto ley que modifica la compensación por copia privada y lo ajusta a derecho comunitario, por lo que la compensación a los autores por las copias privadas de sus obras se cargará en los móviles, CD y memorias, pero con excepciones sobre quién deberá hacerlo.
Según el texto del real decreto, que sustituye al que declaró ilegal el Tribunal Supremo el año pasado, este nuevo «canon digital» vuelve al concepto principal con el que entró en vigor durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La compensación a los autores por la copia de sus obras se cargará en los equipos, aparatos y soportes digitales (móviles, CD y memorias). «El decreto ley que hoy presentamos lo que hace es sustituir el actual modelo de compensación equitativa financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por un modelo basado en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos, acompañado de un mecanismo efectivo de exceptuaciones y desembolsos», ha dicho el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.
Para gestionar la facturación de la compensación equitativa por copia privada a los fabricantes y distribuidores, ha informado el Ministerio de Cultura, las entidades de gestión deberán constituir una persona jurídica que, además, «será la responsable de gestionar las excepciones del pago y los reembolsos».
Dos de ellas nuevas, la que habla de las administraciones públicas y personas jurídicas, ya que la que hace referencia a personas físicas que estaba incluida en la ley de 1987, fecha en la que por primera vez se estableció un sistema para compensar a los autores por la copia de sus obras realizada por particulares.
El real decreto-ley, según fuentes del ministerio, fija una «implantación escalonada» para «facilitar la introducción del nuevo modelo». Así, el primer año tras la entrada en vigor de esta norma se aplicará de manera provisional la compensación prevista en la disposición transitoria segunda, que establece tanto el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, como las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores.
Los fabricantes de móviles o smartphone abonarán 1,1 euros y las tablet, 3,15 euros
En este sentido, por un teléfono móvil o «smartphone» los fabricantes abonarán 1,10 euros, y por un dispositivo electrónico con pantalla táctil o tablet, 3,15 euros. «Se graban a los mismos aparatos que en los países de nuestro entorno, pero en una horquilla de cuantías más baja», han matizado.
Transcurrido un año se regulará mediante real decreto tanto la relación de equipos, como las cuantías, para adaptarlas a la realidad de la copia privada y a las novedades tecnológicas del mercado, y las sucesivas modificaciones se harán mediante orden ministerial.
Según ha dicho Méndez de Vigo, este nuevo texto «se justifica por dos razones«: porque tras la anulación del Tribunal de Justicia de la UE «estábamos en un escenario en España que exigía la necesidad de regular un nuevo sistema de compensación equitativa por copia privada», y porque la Comisión Europea «se estaba planteando la incoación de un procedimiento de infracción del derecho comunitario».
«Incoación -ha matizado- que no se ha llevado a cabo pero que hubiera llevado sanciones para nuestro país. Y no se ha llevado porque anunciamos a la Comisión Europea que estábamos negociando la tramitación de este real decreto».
El real decreto-ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros ha sido acordado, como ha puntualizado Méndez de Vigo, con las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (agrupadas en la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual, Adepi), con las grandes empresas del sector tecnológico y con los varios grupos parlamentarios.
«Se han introducido muchas de las aportaciones que todos ellos han realizado, con el objetivo de hacer un texto lo más consensuado posible», ha concluido antes de anunciar que se espera que el real decreto-ley sea convalidado en el próximo pleno del Congreso.