Oleguer Pujol, hijo menor del ex presidente de la Generalitat, y los hijos del empresario Javier de la Rosa, Javier y Gabriela, tienen cita como el juez José de la Mata entre el 11 y el 12 de enero por blanqueo.
Los tres están investigados por un supuesto delito de blanqueo de capitales por el juez de la Mata, que asume así toda la causa judicial contra la familia Pujol-Ferrusola, tras la inhibición de Santiago Pedraz.
El juez se ve competente para investigar los hechos del hijo menor de Jordi Pujol y de los hijos del empresario Javier de la Rosa al entender que hay conexión entre las causas. En este sentido, ve «necesaria» que él mismo lleve la instrucción del caso.
Según el juez, los vínculos entre los miembros de la familia Pujol responden a pautas similares, así como similitudes en la forma de realizar actividades, la distribución de los papeles que debía desempeñar cada uno y el reparto del dinero, cantidades multimillonarias que se ocultaban supuestamente en cuentas bancarias secretas de paraísos fiscales o zonas con baja tributación. El juez cree que hasta el sistema para repartirse este dinero es similar en todas las partes de la causa.
Según el juez de la Mata, existe «un patrón de comportamiento reiterado durante años», que responden a un alto grado de «organización» y que la investigación deberá arrojar luz sobre la función que desempeñaba cada uno de los miembros del clan de los Pujol.
Los Pujol-Ferrusola «han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos», asegura el magistrado de la Audiencia Nacional.
Dos holandeses en la misma causa de los Pujol
El juez investiga incluso la veracidad del origen hereditario que declaró Pujol padre cuando confesó el fraude a Hacienda, por ello y para evitar confusión, considera necesario englobar todas las causas bajo la misma lupa.
Acuerda citar a esas cinco personas y a otras dos más -los holandeses John Willekes MacDonald y Jacob Broers- por la «operativa de ocultamiento y blanqueo de las comisiones que fueron cobradas» con motivo de la operación de compraventa de 1.152 sucursales bancarias en 2007, «mediante la utilización de estructuras societarias radicadas en terceros países y la subcontratación en cadena de los servicios».
Gracias a este entramado de empresas en paraísos fiscales que Oleguer y su socio usaron presuntamente para ocultar esas ganancias y a los sucesivos contratos de asesoría celebrados luego entre numerosas empresas para intentar justificar los pagos, los investigados consiguieron, según el juez, engañar a Hacienda.
En una compleja operativa, esas comisiones se camuflaron con contratos de asesoría entre Sun Capital y dos empresas radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas: Ard Choille, vinculada a Oleguer Pujol, y Marway, relacionada con los hermanos De la Rosa.
Estas dos empresas estaban a su vez controladas por ITPS Group, sociedad de La Haya propiedad de los dos holandeses citados mediante comisión rogatoria a su país.
Según detalla el juez, Ard Choille recibió 6,8 millones de euros de Sun Capital, mientras que Marway percibió otros 5,5 millones, dinero que luego pasó, en el primer caso, a la empresa de Islas Vírgenes Aegle Internacional, de Pujol e Iglesias, y, en el segundo, a las sociedades del mismo paraíso fiscal Barcem y Davenport Trading, de Gabriela de la Rosa y del empresario José María Villalonga.
En el caso de Barcem, que luego pasó a ser de Javier de la Rosa hijo, sus acciones estaban custodiadas por Mossfon Trust, del despacho panameño Mossak Fonseca, y abrió en 2008 una cuenta en Guernsey (Islas del Canal) en la que depositó 2,2 millones, para luego transferir 2,1 millones a una entidad Suiza.
Javier de la Rosa, que se negó a comparecer ante la comisión de investigación del caso Pujol en el Parlament, llegó a ser definido como «empresario modelo» por el expresidente catalán Jordi Pujol y ha ingresado en prisión en tres ocasiones por sendos casos de corrupción, entre ellos el del Grand Tibidabo.
En el auto en el que De la Mata acepta la competencia para investigar a Oleguer, afirma que existe conexidad con la causa que lleva contra los Pujol por las pautas comunes de comportamiento de los miembros de la familia, la asignación de roles y la distribución o reparto de cantidades multimillonarias entre todos ellos en cuentas en el extranjero.
Todo ello, dice el magistrado, revela existencia de «un patrón de comportamiento reiterado durante años que apuntan elementos básicos de una organización cuyos perfiles definitivos están aún bajo investigación y pendientes de calificar».
El juez afirma que los miembros de la familia «han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos».
