Pablo Iglesias tendrá la obligación de comparecer ante la juez del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid por la expulsión de seis afiliados en Extremadura. El interrogatorio será el próximo 17 de julio y el líder de Podemos lo hará como demandado.
Esta citación, de obligado cumplimiento pese a los intentos de Iglesias de no pisar el Juzgado, se debe a la expulsión irregular de seis afiliados de la formación. La juez niega la petición del letrado de Podemos para evitar la citación de Iglesias como parte demandada y representante legal del partido, que fue acordada «in voce» en la audiencia previa del pasado 19 de junio para la petición de prueba, según recoge Efe.
El abogado de Podemos fracasó en su intento de evitar que Iglesias entrara en la sala y ahora lo hace mediante un escrito, al que ha tenido acceso Efe, en el que señala que Iglesias «no tiene conocimiento alguno sobre los hechos que dan lugar al presente procedimiento ni ha tenido posibilidad de conocerlos». En su lugar, propone al gerente del partido, Pablo Fernández, «por haber formado parte de la Comisión de Garantías cuando se produjeron los hechos y por ser apoderado del partido en estos momentos», una petición que los demandantes rechazan por ser autor material de las resoluciones en cuestión y marido de la diputada Gloria Elizo, citada como testigo en el juicio junto a otros cinco miembros de Podemos.
Pero el juzgado ha rechazado esta petición y mantiene que sea Iglesias la persona interrogada como así solicitó en la vista previa el abogado de los expulsados, quien manifestó que «no solo tiene conocimiento sino responsabilidad» pues la Comisión de Garantías -organismo que acreditó la expulsión- «tiene objetivos políticos».
La magistrada accedió a citar al secretario general de Podemos al afirmar que es un interrogatorio de parte y el representante legal es Pablo Iglesias, por lo que «tendrá que venir y responder a las preguntas que pueda responder».
Acusaciones falsas y ataques a diferentes órganos de Podemos
El origen del procedimiento se remonta a la expulsión de los seis demandantes, junto a otras cinco más, por el Comité de Garantías Democráticas Estatal ante las «acusaciones falsas y ataques a diferentes órganos de Podemos» hechos durante una rueda de prensa ofrecida en Mérida el 27 de julio de 2016, en la que facilitaron información reservada y comunicaciones internas.
Tras solicitar sin éxito al partido la notificación en papel de la resolución del 24 de enero de 2017 referida al expediente disciplinario, los seis expulsados demandaron a Podemos al afirmar que esa decisión no se les notificó y que fue adoptada en contra del Estatuto del partido y del Reglamento de la Comisión de garantías, lo que vulnera sus derechos fundamentales. Así, el procedimiento trata de resolver sobre si se ha procedido a expulsar a estas seis personas de Podemos conforme la normativa (ley, estatutos y reglamentos del partido) en plazos y trámites, es decir, si se ha hecho de forma correcta.