El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha condicionado la rebaja de los peajes eléctricos en País Vasco a la aprobación de los Presupuestos. Para el Gobierno vasco «no existe razón objetiva fundada» que pueda justificar este incumplimiento.
El Gobierno Vasco considera que no existe «razón objetiva fundada» que pueda justificar el incumplimiento del acuerdo «formalmente» alcanzado sobre los peajes eléctricos en 2017. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, se ha referido este martes en estos términos a las declaraciones del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, quien recordó ayer en Bilbao que para que se apliquen las nuevas tarifas a la industria vasca «tiene que haber presupuestos del Estado«.
El ministro también señaló que los «peajes eléctricos», las tarifas de acceso que paga la industria vasca -que el Estado y el PNV pactaron el año pasado pero que fueron recurridas a Europa por instituciones catalanas-, «complican muchísimo» la aplicación de las nuevas tarifas.
Erkoreka ha indicado que ambas son razones «infundadas«. Respecto a la cuestión presupuestaria, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que se puede habilitar un crédito en un presupuesto prorrogado y ha opinado que si no se aplica ese mecanismo es porque no se quiere hacer, no porque no se pueda.
Respecto a la denuncia planteada por Cataluña ante la Comisión Europea sobre esta cuestión, Erkoreka ha señalado que tampoco es una razón objetiva a la que no se pueda hacer frente, porque no se trata de establecer ventajas para las empresas vascas respecto a otras sino de eliminar algunas desventajas que han existido hasta ahora y eso es «perfectamente defendible» ante Europa.
«Si hay voluntad objetiva para cumplir el acuerdo de 2017 ningún obstáculo presupuestario ni comunitario puede impedir que ese acuerdo» se cumpla «perfectamente en 2018», ha subrayado Erkoreka.
El portavoz del Ejecutivo vasco ha remarcado que en este caso el objetivo es dar satisfacción a las «aspiraciones» de las empresas vascas que han sido «discriminadas» y «solo aspiran» a un «trato equiparable» al resto de empresas españolas para «competir» en Europa en «condiciones de igualdad».