El Parlamento catalán, a través de los grupos independentistas de JxS y la CUP, han iniciado el trámite para convocar oficialmente el referéndum ilegal e inconstitucional. La votación se realizará este mismo miércoles, en un nuevo día «D» para el separatismo.
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ya ha alentado a los suyos en las redes sociales, exigiendo la recusación de todos los jueces del Tribunal Constitucional por «su falta de imparcialidad», un burdo intento para evitar que el Alto Tribunal no haga cumplir con las leyes. Minutos antes de que se inicie el pleno parlamentario en el que las fuerzas independentistas prevén aprobar la ley del referéndum, Forcadell ha hecho pública su decisión a través de Twitter.
«Acabo de pedir la recusación de los miembros del TC. Se han convertido en una extensión más del gobierno del Estado y ha perdido toda legitimidad«, ha afirmado. Con esta iniciativa, Forcadell pretende «paralizar cualquier procedimiento ‘de excepción’ que pudiese plantearse el TC hacia el Parlament o las funciones de la presidenta», ha explicado la cámara catalana en un comunicado.
Los grupos abiertamente independentistas del Parlamento autonómico catalán habían exigido a la Mesa la tramitación de «urgencia» de la ley del referéndum, que lo ha admitido a trámite. Se aprobará previsiblemente en el pleno de este miércoles, en una votación en la que no participará de momento el PPC.
Los portavoces de ambos grupos han asegurado que asumirán toda la «responsabilidad política» que corresponda. Los dos grupos independentistas han presentado esta solicitud, que solo hace referencia a la ley del referéndum y no a la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, otra de las leyes de desconexión con España.
En su escrito, Junts pel Sí y la CUP solicitan que, de acuerdo al artículo 37 del reglamento de la cámara catalana, se proceda a «cualificar y admitir a trámite» la proposición de ley del referéndum de autodeterminación en «trámite de urgencia extraordinaria».
Fuentes parlamentarias de Junts pel Sí han explicado que esta solicitud presentada por los dos grupos independentistas es una «manera de asumir la responsabilidad política» de la admisión a trámite de esta ley.
Si bien en esta solicitud no aparece la ley de «desconexión» con el Estado, las mismas fuentes aseguran que ello «no descarta» que no se pueda aprobar en el pleno de esta semana o en el convocado de forma extraordinaria para el próximo viernes, 8 de septiembre: «paso a paso», señalan.
La diputada de la CUP Anna Gabriel ha avisado hoy de que la presumible suspensión de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, las denominadas leyes de «desconexión», no puede ser usada como una «excusa para nada», sino que debe servir de «aliento y motor» para seguir adelante con la independencia.
«Hoy no va de trámites parlamentarios, va de aprobar una ley absolutamente trascendental para el futuro del país«, ha recalcado la diputada autonómica, que ha augurado una jornada «larga». Asimismo, ha lamentado que este referéndum solamente se celebre en Cataluña y no en el conjunto de los «países catalanes», que incluiría a los territorios de habla catalana.
La oposición carga contra los independentistas por «pisar» sus derechos
El portavoz de parlamentario de Cs, Carlos Carrizosa, ha acusado a los grupos independentistas de querer convertir la cámara en el «Teatro Nacional de Cataluña» y de querer «suplantar la voluntad de todos los catalanes por una parte de ellos», y ha acusado a Forcadell de «vulnerar el derecho de todos los diputados».
También les ha recriminado que actúen al servicio de Puigdemont sin tener en cuenta los derechos de la oposición e impulsando iniciativas que no obedecen «a los controles que tienen todas las democracias occidentales«.
En la misma línea, el portavoz adjunto del PSC, Ferran Pedret, ha acusado a JxSí y la CUP de «menospreciar» al Parlament y de «pisar» los derechos de la oposición al pedir que se impida a la oposición recurrir al Consejo de Garantías Estatutarias antes de someter a votación la aprobación de la ley.
Asimismo, para el socialista, la Ley del Referéndum presenta una «falta de legitimación de origen» porque la mayoría parlamentaria no va acompañada por una mayoría social, ni iba en el programa electoral con el que estos grupos se presentaron a las elecciones del 27 de septiembre del 2015.
«Responder a la bunquerización del Gobierno español mediante la astucia es un autoengaño», ha sostenido el portavoz de Catalunya Sí que Es Pot, Joan Coscubiela, que ha acusado a los grupos independentistas de estar invalidando la fórmula del referéndum «para muchos años» con su actuación «antidemocrática» y «sin precedentes».
Asimismo, les ha avisado de que un referéndum convocado en los términos que se pretende no contará con ningún apoyo internacional y les ha reprochado que estén situando las instituciones catalanas en un «Estado de excepción«.
El portavoz del PPC, Alejandro Fernández, ha señalado por su lado que el debate que se pretendía hacer no podía tener lugar sin aplicar antes la reconsideración, y ha declinado incluso agotar los cinco minutos que les ha ofrecido Forcadell para manifestar su postura en un gesto de protesta.
Antes de terminar este primer crispado debate, el vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo-Saavedra (Cs), ha pedido de forma enérgica la palabra para pronunciarse sobre una «cuestión de orden», pero Forcadell le ha denegado el uso de la palabra porque, en el pleno, «no puede actuar como miembro de la Mesa».
Acto seguido, Forcadell ha suspendido la sesión para convocar de urgencia la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlament para analizar las peticiones de reconsideración de la admisión a trámite de la ley de referéndum.
Los abogados del Parlamento autonómico advierten a Forcadell de la ilegalidad de la tramitación
Los letrados del Parlament han registrado hoy un informe dirigido a la Mesa del Parlament en el que alertan que la tramitación de las leyes de ruptura choca con las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) y reprochan la utilización del artículo 81.3 del reglamento para aprobarlas.
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe y firmado por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, se «advierte» de que la tramitación de las leyes «está afectada por el derecho de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula» la resolución del 9N, así como los autos del Alto Tribunal en el marco de los incidentes de ejecución de sentencia.
Muro y Bayona consideran que, de acuerdo a esta sentencia y los autos, «los miembros de la Mesa tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por la sentencia del TC, así como abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a las mismas».
«El incumplimiento de este deber puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la Mesa», aseguran los letrados, que consideran que las consideraciones son extensibles «a cualquier otra actuación parlamentaria».
Por otro lado, también advierten de que el procedimiento de lectura única de la reforma del Parlament fue suspendido por el TC y que la «eventual tramitación directa de las leyes» mediante el artículo 81.3 del Parlament, como invocan JxSí y la CUP, «presentaría en la práctica unas características parecidas a un procedimiento de lectura única».
Y recuerdan que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que tumbó esa reforma del reglamento, «hace referencia a los requisitos esenciales e inexcusables que no podrían ser ignorados en la aplicación del artículo 81.3 cuando se tratara del procedimiento legislativo».
