Las patronales más importantes de Cataluña y los sindicatos UGT y CC OO vuelven a hacer el juego al Gobierno separatista de Quim Torra al cargar nueve meses después contra el decreto que permitió una salida más rápida de empresas de Cataluña.
El trío echa balones fuera al cargar contra un decreto que dejaba en manos de los consejos de administración el poder salir de Cataluña debido a la incertidumbre política derivada del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Todas las cotizadas catalanas, a excepción de un grupo muy reducido entre las que se encuentra Grifols, hicieron la mudanza de su sede social sin contar con el apoyo explícito de los accionistas. No obstante, los propios inversores ratificaron después esta medida debido a la crisis derivada del 1-O.
La Generalitat de Quim Torra, junto con Elsa Artadi, afirma que este decreto permitió la salida de empresas de Cataluña. No obstante, las cotizadas se mantuvieron en la región autonómica tras el 9-N de 2014, el referéndum ilegal de Artur Mas, pero decidieron salir tras el 1-O ante la amenaza de una ruptura unilateral, que se llegó a materializar pocas semanas después, aunque fuera tan solo durante 8 segundos.
Los sindicatos UGT y CC OO, en clara sintonía con los separatistas, junto con las patronales catalanas como Foment del Treball, Pimec y Fepime, exigen ahora emprender la vía legal para eliminar el decreto y tratar de que las empresas tengan que volver a Cataluña. No obstante, la idea es tan solo simbólica, ya que los accionistas de las empresas han ratificado este movimiento en las juntas de accionistas posteriores al 1-O.
De hecho, fueron las propias empresas quienes pidieron el cambio al Gobierno debido al cariz que estaba tomando la grave situación, con una Cataluña intervenida y la ex cúpula de la Generalitat desmantelada.
En su encuentro con Josep González (presidente de Pimec), Ramon Adell (vicepresidente de Foment) y Helena de Felipe (presidenta de Fepime), Torra ha tratado sobre las consecuencias del decreto ley que ha favorecido el traslado fuera de Cataluña de las sedes sociales y fiscales de unas 4.000 empresas.
La Generalitat se preocupa ahora de los derechos de los accionistas tras provocar incertidumbre y una crisis social sin precedentes en Democracia
Tras la reunión, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico está estudiando medidas jurídicas contra el decreto acordado después del referéndum del 1 de octubre, que permite trasladar la sede con una decisión de la junta de accionistas y sin pasar por el consejo de administración. Artadi ha detallado que los servicios jurídicos están estudiando posibles medidas legales -que no ha concretado- para determinar si se han «violado los derechos de los accionistas», ya que fueron excluidos de la decisión de cambio de sede.
Las patronales, a su vez, se han mostrado favorables a la derogación del decreto, que ven como un «gesto político» que mejoraría las relaciones entre los ejecutivos catalán y español y apuntaría hacia una normalización de las mismas.
«Sería importante que se produjeran gestos por parte de los dos lados para buscar la estabilidad y crear un clima de confianza y de seguridad jurídica, lo que ayudará a la inversión», ha dicho Adell.
Las patronales han admitido, sin embargo, que la derogación del decreto tendría valor solo como gesto ya que las empresas que han querido trasladar sus sedes ya lo han hecho y el cambio normativo no cambiará este hecho ni será un incentivo para que vuelvan.
Los líderes de CCOO y UGT han acudido a Palau con una lista de peticiones, en la que destacaba también la necesidad de realizar cambios en las dotaciones presupuestarias de 2018 para asumir actuaciones que creen urgentes como la restitución de las pagas extras pendientes de los funcionarios o el despliegue de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Así, los sindicatos han emplazado a Torra a no esperar al presupuesto de 2019 para sacar adelante estas iniciativas.
