La Generalitat tiene encima de la mesa su plan para activar una administración paralela. La sede tendría que estar fuera de Cataluña para evitar tener que responder ante el Gobierno de España.
Las voces apuntan a Perpiñán, un municipio justo en la frontera entre España y Francia a través de la costa. Puigdemont podría trasladar allí su cuartel general, pero en caso de ser hallado culpable de un delito de sedición, tendría que pasarse al menos 15 años en prisión e inhabilitación de por vida.
Distintas voces de la Generalitat aseguran que el plan no se activará de momento, aunque sí existe la pretensión de dinamitar la actual administración catalana en caso de que el Gobierno asuma las competencias.
Ahora, una organización nacionalista catalana de Perpiñán prepara una infraestructura logística en esa región para el caso de que el Gobierno de Carles Puigdemont considerara pertinente instalarse allí si la crisis con Madrid empeorara. El presidente del Comité para la Autodeterminación de la Cataluña Norte -organización cuya disolución pidió el Gobierno francés hace dos años por sus objetivos secesionistas-, Robert Casanovas, explicó a Efe que tienen lista una villa para Puigdemont en Théza, cerca de Perpiñán, y «una cincuentena» de otras viviendas para miembros de su Gobierno.
«Es una iniciativa nuestra», puntualizó Casanovas, que explicó que se la plantearon al Ejecutivo de la Generalitat cuando fueron recibidos en agosto. Preguntado sobre si el Gobierno catalán les había dado el visto bueno, no quiso pronunciarse en su nombre e insistió en que «nosotros estamos listos«, y en que «son ellos los que utilizarán estas bases logísticas, si lo desean».
En cuanto a si habían contactado con las autoridades francesas, indicó que esta semana van a hacerlo con el prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de los Pirineos Orientales, del que es capital Perpiñán, para «informarle«.
Casanovas comentó que las viviendas y residencias que eligen, de entre las que les están proponiendo estos últimos tiempos, son «de un cierto nivel» para «ofrecer una hospitalidad que sea digna de lo que merecen». Las autoridades francesas presentaron en marzo de 2015 una demanda judicial para reclamar la disolución de esta asociación, que pretendía organizar una consulta en los territorios franceses de habla catalana.
En el procedimiento, la prefectura justificó la disolución porque el objetivo de la asociación es «la separación del departamento (de los Pirineos Orientales) del territorio nacional» y por algunas consideraciones que se hacían en sus estatutos.
Se les reprochaba que sostengan en esos estatutos que «la dominación de la República Francesa sobre el pueblo de Cataluña del Norte conduce al paro masivo, al éxodo de los jóvenes, al aumento de la pobreza, a una caída del nivel de vida y a la destrucción del tejido económico». La Justicia francesa se declaró incompetente en abril de 2016 para resolver la demanda judicial sobre la disolución del grupo.
En Francia la ley electoral establece que se necesita al menos el apoyo mayoritario de cinco provincias no contiguas para poder obtener el escaño, un cambio que dejó fuera de la Cámara a los partidos secesionistas, concentrados en unas pocas regiones.
