La diputada de Ciudadanos en el Parlamento balear Olga Ballester ha pedido la dimisión del consejero de Educación, el socialista Martí March, por su ‘inacción’ ante ‘los abusos de adoctrinamiento ideológico en las aulas’ de la Comunidad. En el mismo sentido se han pronunciado NN GG del PP balear. Ballester ha hecho referencia al «último caso» de «adoctrinamiento ideológico» que habría tenido lugar en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Pau Casesnoves, en concreto, un acto en favor del referéndum ilegal del 1 de octubre. Desde la dirección del citado centro escolar se ha señalado, en cambio, que es «absolutamente falso» que se haya producido ese supuesto caso de adoctrinamiento. Por su parte, la Consejería de Educación ha indicado que «no se tiene constancia» de ningún acto irregular en ese sentido.
Según publica este lunes El Mundo, alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Pau Casesnoves habrían sido obligados el pasado 2 de octubre a secundar un acto a favor del referéndum ilegal del 1-O. Una protesta promovida en el patio del centro, en horario lectivo, por una profesora adjunta al jefe de estudios.
NN GG del PP balear han emitido un comunicado en el que han pedido la dimisión del consejero de Educación. Para la presidenta de NN GG en las Islas, Margalida Vicens, ‘los colegios e institutos públicos de Baleares no se tienen que convertir en centros de adoctrinamiento ni centros donde se transmitan ideologías políticas’.
La Consejería de Educación ha emitido este mediodía un comunicado en el que señala que ‘en base a las actuaciones realizadas hasta el momento, no se tiene constancia de ninguna situación que atente contra los derechos de los menores’.
Cs denuncia a consellera de Educación por la utilización de niños en el 1-O
Ciudadanos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores contra la consellera de Educación, Clara Ponsatí, por la utilización de niños en el proceso del 1-O «con una intencionalidad política muy grave» y le pide que garantice su «seguridad e indemnidad» tanto hoy como mañana domingo.
Así lo ha explicado la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, al presentar el escrito ante la Fiscalía, donde se afirma que se están utilizando a los menores «en el marco de la confrontación ideológica» y como «meros instrumentos involuntarios e inocentes».
Recuerda la denuncia que es «misión» de los poderes públicos evitar que se produzca «adoctrinamiento ideológico» de menores en actividades lúdicas de los centros escolares públicos y, lo más urgente, evitar que puedan ser expuestos «a peligro físico», algo que podría suceder en este momento de confrontación.
Se vulnera, además, el derecho a la libertad ideológica y a la intimidad personal, añade el texto de la denuncia, ya que se expone «públicamente» a los menores y a los padres a una «demostración pública» de su ideología o adhesión a ciertos postulados políticos «mediante su presencia, o no».
Según el relato de los hechos que hace Cs, algunos de los centros escolares que han sido designados como sedes de «mesas electorales» han organizado actividades para los alumnos y sus familias durante este fin de semana para mantenerlos abiertos, e «inmediatamente proceder a su ocupación preventiva» con los menores ante la posibilidad de que los cuerpos policiales acudan a cerrarlos.
Por eso, Ciudadanos solicita la intervención de la Fiscalía para que se «garantice» durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre «la seguridad e indemnidad» de los menores que acudan a los centros educativos donde se pretendan hacer «actividades ilegales» relacionadas con el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Ciudadanos considera como principal responsable de estos hechos a la consellera de Educación, quien, por sus competencias, señala la denuncia, le hubiera correspondido «cursar las órdenes pertinentes para que se evite la utilización de los menores de edad» sin perjuicio de que se pueda actuar también contra otros responsables.
«Es evidente -continúa- que la señora Ponsatí pretende que se usen los centros educativos con finalidades ilegales este fin de semana, y conoce y consiente el reprobable uso de los menores».
Inés Arrimadas, en declaraciones a los periodistas, ha calificado estas circunstancias de «muy graves» y ve «intolerable» que se esté utilizando a los niños en un momento en el que la Generalitat y el Gobierno han reconocido «que no saben si podrán garantizar» el orden público.
Los colegios, ha subrayado, «deben ser un templo civil», llamando a sacar de las escuelas las «esteladas» y sobre todo la confrontación.