La Organización No Gubernamental venezolana Espacio Público contabilizó 1.002 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante el año 2017, lo que representa, según sus datos, el número más alto desde 2002.
«Durante el año 2017 se documentaron 708 casos que sumaron 1.002 denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión. Estos datos son los más altos desde el año 2002 y muestran un deterioro sustantivo de las garantías de este derecho en Venezuela», dijo en un comunicado la ONG.
Podemos, fiel defensor de la libertad de expresión es España, ignora estos casos. Mientras que en nuestro país la formación morada se dedica a decir que «se persigue las bromas como si estuviéramos en una dictadura» echa la vista hacia otro lado con el caso de Venezuela.
El informe indica que la mayoría de los casos «corresponden al uso de la violencia física, la intimidación y ataques» a trabajadores de la prensa y a «ciudadanos que buscaban registrar los hechos que sucedían al momento».
Las víctimas, siempre según Espacio Público, sufrieron detenciones, impedimento de cobertura, robo de equipos, destrucción de material y desalojo de espacios o instituciones públicas.
Asimismo, hubo agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o ciudadanos «por registrar hechos o difundir información; y ataques contra sedes o equipos de medios de comunicación, la mayoría de estos durante protestas de calle».
La organización contabilizó también la salida de antena de ocho canales de televisión el año pasado y que 17 medios impresos dejaron de circular por falta de papel prensa, seis de ellos indefinidamente.
«El Gobierno utiliza la violencia institucional para censurar a través de restricciones directas o indirectas a través de los entes estatales», denunció la ONG.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) venezolana denunció también este jueves el cierre de al menos siete medios impresos en los últimos cuatro meses, lo cual, aseguró, es el resultado de la falta de garantías para el ejercicio periodístico en el país caribeño.
