Hace unas semanas Podemos presentaba ante el Parlamento un proyecto legislativo con la supuesta intención de defender la «emergencia habitacional de familias vulnerables».
El pasado martes en el Pleno del Congreso se aprobó una iniciativa en la que se insta al Gobierno a prohibir todo desahucio, tanto por impago de alquiler como de hipoteca, cuando no se disponga de alternativa habitacional.
El texto original de la proposición de ley se defendían cosas como la expropiación de viviendas vacías y la despenalización de la okupación.
«El derecho de propiedad de una vivienda se ejercerá de acuerdo con su función social, determinada de conformidad con lo establecido en la Constitución y en las leyes especiales que la desarrollen», desarrolaba la propuesta de Podemos que añadia otro punto que solicitaba que «Las Administraciones competentes en materia de vivienda podrán aprobar medidas de carácter penalizador y coercitivo para hacer frente al incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda».
Por otro lado, a través de los siguientes mecanismos legislativos, los podemitas pedían acabar con «los desahucios por impago de alquiler, hipoteca e incluso en caso de okupación hasta que el legítimo propietario del inmueble o, en su caso, las Administraciones Públicas, proporcionen una «alternativa habitacional» de similares características a morosos y okupas», tal y como ocurre en la Venezuela chavista deMaduro.
En este ámbito, la idea central que subyace en el texto consiste en proporcionar una
