El ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz pasará la próxima legislatura presidiendo la Comisión de Peticiones, la menos importante del Congreso y que se dedica a tramitar las peticiones de los ciudadanos, algunas de ellas irrisorias.
El PP ha colocado a Fernández Díaz al frente de la Comisión de Peticiones, junto a diputados del PNV, PSOE, ERC, Ciudadanos y Bildu, partidos que recusaron al ex ministro de Interior por la «operación Cataluña». El cargo se ha asignado a dedo por el Partido Popular, ya que es el partido mayoritario quien decide la presidencia de esta Comisión en el Congreso.
Fernández Díaz fue el candidato propuesto para presidir la Comisión de Exteriores, pero el PP se topó con la negativa de todos los grupos parlamentarios, incluida la de Ciudadanos. Así que se usó la vía del dedazo para designar a Fernández Díaz en la Comisión de Peticiones, un cargo con un gran sueldo y poca o nula tarea. Una forma que bien puede definirse como el pago de favores o servicios prestados. De hecho, la web del Congreso es muy explícita con esta Comisión: «Ha visto reducida su trascendencia de forma considerable«.
Fernández Díaz, juez y parte entre la ciudadanía y los políticos
El Congreso da buena cuenta de la falta de trabajo de esta Comisión, donde no se publican las preguntas ni tampoco los vídeos de las Comisiones, como sí ocurre en otras de mayor calado, como las de la Comisión de Empleo y Seguridad Social o la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. El archivo de vídeo de la Comisión de Peticiones esta vacío, como vacío está el de intervinientes en las mismas. Tan solo aparecen las demandas de los ciudadanos como si se tratara de una estadística, es decir, solo números, ni una sola letra.
Por esta asignación, Fernández Díaz cobrará 85.000 euros anuales en 12 pagas, unos 7.083 euros al mes, debido a que es diputado de fuera de Madrid. Con un complemento por ser miembro de Mesa de 3.064,57 euros y unos gastos de representación de otros 3.327,89 euros. Asimismo, tiene gastos de libre disposición por valor de 2.728,57 euros y otros 3.000 euros en taxis, siempre y cuando haya renunciado al coche oficial.
La indemnización por el nuevo cargo de Fernández Díaz alcanza los 1.823,86 euros mensuales. Asimismo, podrá gastar en dietas 150 euros diarios si viaja al extranjero, cuantía que se rebaja a 120 euros si el viaje se realiza en territorio nacional.
Todo ello por tramitar las peticiones de los ciudadanos, entre las que se encuentran por ejemplo un referéndum entre monarquía o república, o bien eliminar los privilegios de los diputados y senadores. La Comisión decide trasladar estas peticiones a los distintos órganos según la competencia que se esté discutiendo. Así, podrá derivar las quejas al Defensor del Pueblo, al Congreso de los Diputados, o a la Mesa del Congreso. Este es su trabajo, intermediar entre las peculiares peticiones de la ciudadanía y los políticos.
Las quejas que lleguen a Fernández Díaz solo serán parte de la estadística
De hecho, tan extrañas son algunas de las peticiones que recibe esta Comisión del Congreso que la propia web de la Cámara Baja evita publicarlas. Tan solo aparecen números. Asimismo, en los últimos cuatro años, esta Comisión ha respondido un total de 970 peticiones, de las 2.687 llegadas a la Comisión, es decir, el 36%, el resto se pierde por el camino.
Asimismo, la falta de transparencia sobre qué preguntan los ciudadanos a los políticos provoca la repetición de cuestiones, en concreto hasta 667 reiteraciones se han producido durante la pasada legislatura.
La Comisión de Peticiones no toma declaración al reclamante, es decir, tan solo recoge el documento de su petición sin prestar atención alguna. Un hecho, por ejemplo, contrario al de las Cortes de Aragón, que sí toma declaración al ciudadano, que explica su problema o su pregunta. Es decir, pone la Cámara al servicio del ciudadano, y no a discreción del político de turno, que además cobra su sueldo por los impuestos que pagan los contribuyentes.
Esta Comisión de Peticiones, que además es la que gasta menos recursos humanos de todo el Congreso, se otorga la potestad de archivar los casos que le llegan, como si fueran jueces ante los problemas de los ciudadanos.
Un ciudadano pide la dimisión a Fernández Díaz
En Change.org, el director de Infolibre, Jesús Maraña, le ha enviado una carta al ex ministro en calidad de «ciudadano y contribuyente» para pedir que dimita del cargo.
«Le ruego renuncie lo antes posible a su nombramiento como presidente de esta Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados. En caso de que ni siquiera se plantee estudiar esta petición de dimisión, le solicito que traslade copia de la misma a la presidencia del Congreso y a la Comisión del Estatuto del Diputado, así como al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que es el último responsable de su designación», afirma en la carta, argumentada con la reprobación de la Cámara Baja al entonces ministro de Interior el pasado 18 de octubre, con todos los votos a excepción del PP. La reprobación llegó después de que se conocieran las reuniones en el despacho oficial del Ministerio con el máximo responsable de la Agencia Antifraude catalana cuyo contenido fue grabado y divulgado.
«Un político que ha sido reprobado por la mayoría del Congreso no debe presidir ninguna comisión parlamentaria, tampoco la que se dedica precisamente a tramitar las peticiones de la ciudadanía al máximo órgano de la soberanía popular. Si hay una comisión que exige estar representada por un nombre de consenso, respetado y creíble, es la que conecta al Congreso con los ciudadanos», asegura en la carta.
«Más allá de la repulsa política que su actuación merece, sigue pendiente en el Tribunal Supremo la decisión de investigar o archivar la querella interpuesta contra usted por el Partido Demócrata Catalán (PDC) y por el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, una de las víctimas señaladas en esas reuniones y acusado después por un periódico nacional (con pruebas presuntamente falsas facilitadas desde la policía) de tener una cuenta millonaria en Suiza. No parece razonable, desde una mínima exigencia de calidad democrática, ocupar cargos públicos cuando está por aclararse si se ha incumplido la ley o no en el ejercicio de otro cargo público», continúa.
«Usted mismo ha proclamado que no ha pedido ni pedirá ningún cargo en el Congreso. Si es eso cierto, y su interés prioritario no se centra en los galones ni en los 1.431 euros de plus mensual que supone la presidencia de una comisión parlamentaria, le será fácil comprender que una cosa es defender su inviolable derecho a la participación política y la propiedad personal e intransferible de su acta de diputado, y otra muy distinta escudarse en ese derecho fundamental para ignorar las más elementales reglas de higiene democrática», prosigue Maraña.
Por último, afirma que «en una de las grabaciones conocidas le hemos escuchado a usted afirmar que tenía puntualmente informado al presidente del Gobierno de las operaciones en marcha para desprestigiar a dirigentes independentistas».
«No hace falta recurrir a la inspiración divina para asumir que el empeño en que presida una comisión (de Exteriores, del Tribunal de Cuentas, de Peticiones… de lo que sea) contamina tanto a su señoría (reprobada e investigada) como a quien lo nombra a pesar del rechazo unánime mostrado por la oposición», ha explicado Maraña. «Si es cierto lo que decía en aquellas conversaciones, tiene usted suficiente confianza con Mariano Rajoy para convencerle de que su renuncia es la decisión más honorable (si aún cabe ese adjetivo) para ambos. Y muy especialmente, para la propia institución del Parlamento», ha concluido.