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Carlos Sánchez Mato./EFE

El PP se querella contra Celia Mayer y Sánchez Mato por prevaricación

El Grupo Popular de Madrid ha anunciado este lunes que presentará una querella contra los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer y Ana Varela, ex consejera de Madrid Destino, por prevaricación y malversación de caudales públicos.

«¿Cómo es posible que la Alcaldesa de Madrid no se entere que dos de sus concejales presentan un escrito en Anticorrupción?», se ha preguntado el portavoz popular, que ha añadido que «a pesar de que hay hasta tres informes de la auditoría jurídica interna que no encuentran delitos, a espaldas de la alcaldesa encargaron a una ONG un contrato de 100.000 euros que sí les permite ir a la Fiscalía Anticorrupción».

El PP ha destacado que en la memoria del encargo aparece escrito ‘50.000 más 50.000’, un trabajo encargado a dedo».

Así disfrutaba Celia Mayer del palco VIP del Open de Tenis que ahora denuncia por corrupción

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena (Ahora Madrid) gracias al apoyo del PSOE, denunció (a espaldas de la alcaldesa) ante la Fiscalía Anticorrupción el acuerdo que firmó el Consistorio en época de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) con Madrid Trophy Promotion (MTP), encargada de la organización del Mutua Open de Tenis, que comenzó celebrándose en el Madrid Arena y desde 2008 lo alberga la Caja Mágica.

La denuncia está presentada el pasado 23 de marzo por parte del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, la entonces delegada de Cultura, Celia Mayer, en calidad de presidenta del Consejo de Administración de Madrid Destino y por la consejera delegada de este ente hasta el pasado mes de abril Ana Varela.

El Mutua Madrid Open es un evento privado financiado con dinero público. El Ayuntamiento le paga a Madrid Destino el alquiler de la Caja Mágica y se lo cede gratuitamente a MTP para que pueda organizar el torneo de tenis que se disputa ahora en mayo.

En la denuncia, el Ayuntamiento pide a la Fiscalía que investigue si en el acuerdo alcanzado con MPT puede haberse cometido un delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

 

 

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