Bruselas recriminó a España por sus política fiscal sobre los extranjeros que marchaban de España, ahora permite endurecer las condiciones, una vuelta al proteccionismo y contraria al espíritu de la libre circulación.
Bruselas ha permitido a España endurecer la legislación vigente sobre el exit tax, el impuesto de salida que tienen que pagar los extranjeros para fijar la residencia fiscal fuera de España y de la UE.
Hasta ahora se aplica la reforma que entró en vigor en enero de 2015. Sobre el IRPF recae un tipo del 47% en 2015 y del 45% en 2016, para rentas superiores a 60.000 euros.
En el Impuesto Patrimonio varía entre el 0,2% al 2,5%, con la bonificación del 100%, aprobada por el Gobierno y que podría dar marcha atrás a la medida.
Los extranjeros que quieran salir de España para fijar su residencia fiscal en otro país fuera de la UE tendrán que presentar una declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero con el famoso y mortal Modelo 720.
La reforma fiscal de Cristóbal Montoro afecta actualmente a las personas físicas, españoles o extranjeros, que quieran trasladar su residencia habitual fuera de España, y que hayan sido residentes durante al menos 10 de los últimos 15 años; cuando posean acciones con un valor de mercado superior a los cuatro millones de euros o una participación empresarial superior al 25% en una empresa, siempre que ese valor sea de un millón de euros. Sobre esas plusvalías latentes abonarán un 24% si salieron de España en 2015 y del 23% si salen a partir 2016.
Bruselas criticó la medida y pidió a España relajar las condiciones, pero la realidad es que ahora en plena globalización, Bruselas permitirá a España endurecerlas, un cambio de parecer que acrecienta el principal problema al que se enfrenta la UE: el proteccionismo. Y es que, ahora también gravará la salida de activos, una plusvalía potencial y no ejercida.
Asimismo, a estas condiciones se une ahora la obligación de presentar las cuentas país por país a las empresas con una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros, para poder conocer si se están utilizando vías legales para evitar el pago de impuestos.
