Todos los grupos parlamentarios, incluidos PSOE y Ciudadanos y a excepción del PP, han pedido en el Congreso la derogación de las penas de cárcel para los huelguistas que coaccionen durante los paros. El PP aprobó la reforma del artículo 315.3 del Código Penal que estipula hasta tres años de prisión para quienes coaccionen a otros trabajadores durante una huelga.
La Comisión de Empleo ha apoyado la proposición no de Ley de ERC que ha sido transaccionada con el PSOE para instar al Gobierno a que adopte las medidas pertinentes derivadas de la derogación de este artículo, lo que en consecuencia comportará el archivo de todas las causas penales que se encuentren en tramitación. Todo ello sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder a los perjudicados por la aplicación de dicho precepto.
Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos Saúl Ramírez también ha añadido que no se deberían solicitar indemnizaciones para los sentenciados con condenas firmes.
La diputada de ERC Ester Capella ha dicho que no se trata de una petición de «perdón generalizado», ya que el derecho de huelga es un derecho fundamental, y ha recordado que como consecuencia inmediata de este artículo que data de 1977 hay actualmente más de 300 trabajadores procesados.
Según ERC, el Gobierno del PP ha adoptado una política «regresiva» al usar este artículo del Código Penal como mordaza del ejercicio del derecho fundamental y advertencia al sindicalismo activo. «Ha sido y es interpretado, en plena etapa de recortes económicos y de libertades, en contra del efectivo ejercicio del derecho a la huelga», señala.
Por su parte, la diputada del PP Celia Villalobos ha negado que el derecho de huelga no esté regulado y ha afirmado que el derecho al trabajo «debe estar protegido igual que el derecho a la huelga». Villalobos ha incidido en que los jueces que aplican este artículo lo hacen de forma equilibrada. «No es la primera vez que ha habido absolución o cambio de penas por multas», ha señalado.
Desde el grupo parlamentario socialista la diputada Mercé Perea ha criticado que el mercado laboral esté «a merced de los empresarios«, y que la «apisonadora» de la mayoría del Gobierno popular haya «laminado» y «desguazado» los derechos laborales.
El Partido Democrático Catalán ha apoyado esta derogación y su portavoz de Empleo, Carles Campuzano, ha incidido en que es «un error gravísimo» que un conflicto laboral pueda tener respuesta en el Código Penal.
El diputado del PNV Íñigo Barandiarán ha votado a favor de esta iniciativa, aunque no se ha mostrado de acuerdo con la posibilidad de revisar las sentencias firmes.