La Generalitat, presidida por Carles Puigdemont, controlará y gestionará la totalidad de todos los impuestos cedidos por el Estado, como transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones.
Hasta ahora los liquidaban los registradores de la propiedad. Este cambio se produce en pleno órdago separatista y la idea es crear el embrión de una Hacienda que controle todos los impuestos que pagan los catalanes, IRPF e IVA incluidos, una muestra más para tener la llave y la caja, pero para ello debería obligar a todos los ciudadanos a pasar por sus 32 oficinas habilitadas en toda Cataluña, 19 de ellas propias de la Agencia Tributaria de Cataluña (las cuatro delegaciones provinciales de la ATC y 15 oficinas más) y 13 más compartidas con entes locales.
En esta nueva fase se ha concluido el máximo de impuestos que puede recaudar y gestionar la Generalitat, ya que el resto forman parte del Estado. Así, podrá tramitar cobro de impagos, función encargada hasta ahora a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que también se encargaba del cobro de las multas pendientes del Servicio Catalán de Tráfico.
Con estas decisiones, la Generalitat agota el marco autonómico en materia fiscal ya que, de hecho, comunidades como Canarias, Asturias, Baleares, Murcia o Navarra hace años que asumen la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ofrecerán mañana una rueda de prensa que supondrá la puesta de largo de este nuevo impulso a la ATC, todo ello a poco menos de un mes del referéndum de autodeterminación anunciado para el 1 de octubre.
No obstante, este proceso ha generado el malestar de los registradores de la propiedad, que han presentado una demanda por la vía contencioso-administrativa contra la ATC por incumplir el convenio sellado con este colectivo para prestar este servicio, que vencía el 31 de octubre, y por ello reclaman una indemnización.
Frente a las advertencias de los registradores, que han denunciado en varias ocasiones que el traspaso se ha hecho de forma precipitada, la Generalitat sostiene que está preparada para asumirlo con garantías y resalta que este servicio pasa a ser público.