El 155 se ha activado y está ahora en los trámites parlamentarios del Senado. Hacienda controlará todos los ingresos de la Generalitat, que quedará descabezada a partir del próximo viernes, al tiempo que los funcionarios que desobedezcan tendrán las correspondientes amonestaciones.
TV3 y los Mossos serán intervenidos, mientras que algunos periodistas aseguran que no acatarán ningún tipo de orden, pese a jugarse su puesto de trabajo y el sueldo. No obstante, los independentistas pondrán todo tipo de barreras para evitar que el Estado tome el control total. Los radicales de la CUP ya hablan de activar su plan en caso de que Puigdemont continúe su hoja de ruta separatista. Una vez que el Parlamento vote la independencia de Cataluña, se intentará tomar el control de infraestructuras clave, como aguas, electricidad, aeropuertos, puertos, así como se exigirá una defensa del Parlamento autonómico y del Palau de la Generalitat.
Los planes no son nuevos, ya que se hablaba del mismo hace apenas cuatro años. También se ha iniciado una serie de medidas «directas y pacíficas» para tratar de boicotear a las empresas, sobre todo a los bancos, como el rotundo fracaso de sacar dinero del cajero.
Los independentistas tratan de alentar una desobediencia masiva
Y mientra, los editoriales de los principales medios editados en Cataluña, todos ellos convenientemente regados con dinero de los catalanes, abogan por la convocatoria de elecciones autonómicas e incluso con «carácter plebiscitario». Pero no servirá de nada para desactivar el 155.
El Senado es el último trámite burocrático en otra semana clave para el futuro de Cataluña. Y es que, mientras todo esto ocurre, se detienen inversiones, consumo y se siembra la desconfianza hacia una Comunidad que era el motor económico de España durante décadas. Ahora lo es Madrid, y cada vez más empresas asentadas en Cataluña hacen las maletas para irse a la capital.
La creación de una administración paralela, entre los planes de la Generalitat
Carles Puigdemont está a merced de la CUP, cuyos apoyos en la Cámara catalana son decisivos para mantener el Parlamento cerrado. No se celebra ni una sesión de control desde el pasado 6 de septiembre, y tampoco se ha aprobado ni una sola ley, mientras los diputados continúan cobrando su sueldo.
La alternativa que barajan los independentistas es la declaración unilateral de independencia, tratar de abrir una administración paralela, que contaría con ingresos de las empresas públicas y sus allegados. En caso de que todos los independentistas decidieran pagar sus impuestos a esta nueva administración, habría sanciones por parte de Hacienda por impago, pero al mismo tiempo nutría de recursos, aunque estos escasos, ya que grandes empresas cumplirían la Constitución. Con dos administraciones, la situación entraría ya de lleno en el peor escenario, ya que ningún inversor querrá entrar en Cataluña con estas condiciones, al tiempo que no se descartan violentas movilizaciones. Todo ello es una hipótesis, pero está encima de la mesa el escenario.
El Senado actuará conforme lo ha exigido el Gobierno, por lo que no habrá ninguna cesión a los independentistas, que harán lo posible para evitar esta intervención por primera vez en la historia de la Democracia. El PP cuenta con una mayoría absoluta e incontestable en la Cámara Alta, y se ha asegurado un total de 216 votos a favor, tan solo 50 estarían en contra.
Los grupos parlamentarios tienen que conformar a los miembros de la comisión para empezar mañana con los trámites siguientes, entre ellos el de dar un plazo de alegaciones al presidente de la Generalitat, que podría presentarse en la Cámara Alta o mandar a un representante. Tome la decisión que tome Puigdemont, ya será demasiado tarde para tratar de recular.
