La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusación particular en el caso Bankia, ha recurrido la exculpación de Deloitte, del Banco de España y de la CNMV ya que se ignoraron informes que apuntan a la responsabilidad de los dos organismos.
El pasado 11 de mayo el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidió procesar a la ex cúpula de Bankia y a una treintena de directivos, a BFA y a Bankia por la salida a bolsa de la entidad financiera al entender que se falsearon las cuentas anuales y hubo fraude a los inversores. No obstante, se archivó la causa contra el regulador y supervisor, exculpando así al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al exsubgobernador Javier Aríztegui, al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y al exvicepresidente Fernando Restoy.
Este sindicato de las antiguas cajas ha recurrido también el sobreseimiento de las actuaciones sobre la auditora Deloitte -sólo está imputado el socio auditor Francisco Celma- y los ex consejeros de Bankia Atilano Soto y Luis Blasco Bosqued.
En el recurso presentado, al que ha tenido acceso Efe, la CIC destaca que se ha omitido «cualquier referencia a los correos electrónicos del inspector del Banco de España José Antonio Casaus«, así como cualquier mención a los últimos informes aportados «a petición del propio juez instructor» y realizados por los peritos Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets.
La CIC recuerda que fue la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que instó al juez a citar como investigados a los ex directivos de la CNMV y el Banco de España al entender que «existían indicios múltiples bastantes» de la comisión de un delito, algo con lo que es «legítimo» aunque «incomprensible» que el juez discrepe.
Pero no argumenta, sostiene la CIC, con qué argumentos sostiene esa discrepancia el juez Andreu, que mediante «malabarismos o piruetas jurídicas» ha optado por ignorar unos informes que él mismo pidió, y que «son absolutamente concluyentes sobre la intervención y responsabilidad en determinadas decisiones de los organismos supervisores, y refuerzan de forma notable los indicios de criminalidad que ya apreció la Sala de lo Penal».
Asimismo, la CIC reprocha al juez que afirme que la investigación se ciñe a la falsedad de las cuentas de BFA y Bankia, «en la cual al parecer ninguna responsabilidad pueden tener los organismos supervisores», aunque no se indica por qué razón no han de tenerla los supervisores y sí el auditor externo.
Ala CIC también le parece «incomprensible» que Andreu considere que sólo tendría relevancia penal la «inclusión de la información contenida en el folleto de salida a Bolsa» y no la decisión de que cotice, ya que dicha decisión «está indisoluble e íntimamente ligada a la información financiera incluida en el folleto».
Y en este sentido, destaca que el auditor no «decidió» sobre la salida a Bolsa pero sí se han encontrado contra él indicios delictivos. La CIC también menciona un informe de la Intervención General del Estado que recoge que la CNMV «sugirió» a Caja Madrid que siguiera un criterio contable contrario a la normativa de aplicación», un detalle que «no parece suscitarle al juez ningún tipo de reflexión sobre la actuación de los máximos responsables de dicha institución y sobre la relevancia penal de tales hechos.
En declaraciones a Efe, el presidente de CIC, Gonzalo Postigo, ha explicado que sería increíble que Fernández Ordoñez y el resto de directivos del Banco de España y la CNMV, así como la auditora Deloitte, no estuvieran en el banquillo cuando se inicie el juicio oral».
