Albert Rivera ha admitido por primera vez la imposibilidad de aplicar la reforma de la amnistía fiscal, calificada de «inconstitucional» por expertos fiscales al ir en contra de la seguridad jurídica guardada en el marco de la Carta Magna. En la segunda sesión del debate de investidura, el líder de Ciudadanos ha asegurado que «los defraudadores«, los que han «hecho las cosas mal» paguen impuestos, y los que han hecho las cosas bien paguen «igual o menos impuestos«.
En este sentido, ha señalado que es necesario aplicar íntegramente la ley de regularización fiscal. Así, ha asegurado que se pedirá a los defraudadores «dentro de la legalidad» el dinero perdonado con la medida aprobada por Cristóbal Montoro, ministro en funciones de Hacienda, en 2012.
Rivera se ha mostrado contrario a no exigir el 100% del dinero defraudado a las arcas públicas, metiendo en el mismo saco a Rato, Bárcenas y Pujol. En este sentido, ha pedido al nuevo Ejecutivo aplicar la medida antes del 30 de noviembre, fecha en el que expira el plazo legal para exigir intereses a los contribuyentes con dinero no declarado y que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro.
La amnistía fiscal prescribe el 30 de noviembre
Pese a que el acuerdo entre PP y Ciudadanos no habla de esta fecha, el último día de noviembre es crucial. Y es que, la ley impide poder aplicar la retroactividad ya que el supuesto fraude habría prescrito. De esta forma, en caso de no haber Gobierno, el acuerdo entre PP y Ciudadanos se podría comparar con un papel mojado, inservible, y por el que las medidas que se han mostrado a llevar a cabo caerían en saco roto.
Rivera ha señalado a Montoro que el 30 de noviembre es una «fecha importante«, por lo que ha pedido al Gobierno en funciones reformar esta ley con el consenso de los Grupos Parlamentarios para que entre en vigor antes del 30 de noviembre.
