El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará entrega de hasta 37 competencias en manos del Estado al País Vasco. Es el pago que exigían los nacionalistas por apoyar los Presupuestos al PP y que ahora dará Sánchez como pago por su apoyo en la moción de censura.
La entrega de Competencias no se dará en el seno de la Conferencia de Presidentes, donde tienen voz y voto todas las Comunidades Autónomas, sino en una serie de reuniones «bilaterales», un privilegio que también se otorgará también a los independentistas de Cataluña, mostrando así que en España hay regiones de primera y de segunda categoría.
La reunión bilateral de Sánchez será con el presidente del País Vasco, Íñigo Urkullu, de tú a tú, una reivindicación separatista que el PSOE no duda en complacer. La reunión será «bilateral», más propia de negociaciones entre países y no entre un Estado y una región, a la par que «permanente» para el traspaso de las 37 competencias pendientes en el Estatuto de Gernika. Entre estas competencias está la de la Seguridad Social, Prisiones y la supervisión de la banca, así como participar en los órganos de administración y gestión de las empresas y entes públicos del Estado, “en concreto la SEPI”. Ninguna de estas competencias jamás había sido transferida a ninguna comunidad autónoma.
De las 37 competencias que reclama el Gobierno Vasco 23 no han sido transferidas a ninguna comunidad autónoma, como la gestión económica de la Seguridad Social y participar en la administración del sector público del Estado. El Ejecutivo autonómico remitió el pasado mes de noviembre el informe actualizado de competencias sin traspasar al País Vasco a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con sus exigencias
En la relación de las competencias pendientes de traspaso, el Gobierno Vasco especifica aquellas que no han sido transferidas a ninguna comunidad autónoma y que, por la especificidad del autogobierno vasco, reclama asumir.
La gestión de la Seguridad Social
Entre ellas se encuentra la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a través de la firma de convenios pero manteniendo “su carácter unitario y el respeto al principio de solidaridad”. Otra de las competencias que reclama el Gobierno Vasco y que ninguna otra comunidad tiene es la de participar en los órganos de administración y gestión de las empresas y entes públicos del Estado, “en concreto la SEPI”, así como en las empresas que integran esta sociedad “cuya gestión de negocios esté radicada en Euskadi”.
Esta participación, sostiene el Gobierno de Vitoria, no requiere el traspaso de los medios materiales ni personales, sino que se materializaría con una habilitación en la normativa estatal.
Supervisión de bancos
También pide el traspaso de crédito y banca para ejercer las funciones que actualmente tiene el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en materia de supervisión de entidades de crédito.
Otras de las transferencias que solicita el Gobierno Vasco, hasta ahora exclusivamente en manos de la Administración central, es el pago de las prestaciones por desempleo, aeropuertos y puertos de interés general, salvamento marítimo, seguros, crédito oficial, mercado de valores, el régimen electoral municipal y el fondo de garantía salarial.
Junto a este grupo de competencias, el Gobierno Vasco reclama otras 13 que de alguna forma ya están transferidas a alguna comunidad autónoma, como la de los centros penitenciarios que ya ejerce Cataluña desde 1983.
Control de prisiones y reinserción
El Gobierno Vasco quiere asumir las funciones de dirección, organización, régimen, funcionamiento, planificación e inspección de las tres cárceles ubicadas en la comunidad autónoma, la planificación y construcción de centros penitenciarios, así como la ejecución de las medidas alternativas a la cárcel y las actividades de reinserción, entre otras tareas.
También reclama otras competencias que ya tiene Cataluña: inmigración, expedición de permisos de circulación y matriculación de vehículos, y la asignación, gestión, catalogación, información y funciones estadísticas de los códigos internacionales de identificación bibliográfica ISBN e ISNN.
Euskadi pide además la competencia de apoyo a las pymes y de los programas de innovación tecnológica que el resto de comunidades han recibido en los últimos años, además de la de hidrocarburos, aunque ya se encuentra transferida “de facto” tanto al País Vasco como a otras comunidades.
Sánchez entregará «la normalización» de la política penitenciaria, pese a que prisiones siempre ha sido del Estado
En rueda de prensa, tras reunirse con Pedro Sánchez, en La Moncloa, Urkullu también ha informado de que se conformará otro grupo de trabajo para «la normalización» de la política penitenciaria y el acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas si bien no se ha fijado un calendario ni un horizonte para la modificación del sistema.
En definitiva, los dos presidentes han acordado crear dos comisiones bilaterales, la primera para abordar las transferencias pendientes y la segunda para abordar una «nueva política que supere las medidas de excepcionalidad» y evite el desarraigo social de las personas penadas «y facilite su reinserción».
Respecto a este último asunto, Urkullu ha dicho entender «las razones de cautela» del presidente, por lo que le ha asegurado que las iniciativas que se desarrollen serán en el ámbito «de memoria, reconocimiento y reparación a las víctimas«.
«Creo que es momento de avanzar en la convivencia normalizada», ha precisado Urkullu, que ha garantizado a Sánchez el «respaldo mayoritario» de las instituciones y de la sociedad vasca a las decisiones que se pueda adoptar en esta línea. Y ha explicado que habían acordado mantener «una relación directa en materia de convivencia».
En la reunión «cordial y positiva», según el lehendakari, también se ha abordado la necesidad de hacer una reflexión sobre el actual modelo de Estado desde la asunción de «una realidad plurinacional y la existencia de hechos diferenciales que demandan un tratamiento propio y singular».
«No hemos hablado de ruptura sino de convivencia desde el respeto mutuo», ha subrayado. Además, Urkullu ha planteado a Sánchez explorar la vía de una «convención constitucional» que permita interpretar el espíritu originario del pacto que supuso la Constitución.
«Esto supone apostar por un constitucionalismo útil al servicio de resolver los problemas y no enconarlos», ha dicho.
En el corto plazo, Urkullu ha informado de que se abordarán los dos traspasos de ferrocarriles que dan cumplimiento a una sentencia firme del Tribunal Constitucional.
Y ha anunciado que se convocará la Comisión Mixta de Transferencias el próximo mes de julio para materializar estos traspasos de las líneas Bilbao-Basauri y Alonsotegi-Barakaldo.
Además, se convocará un encuentro de trabajo de los equipos jurídicos de ambos gobiernos para analizar y encauzar los recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional.
A juicio de Urkullu, con esta reunión se ha abierto «una puerta a la relación institucional para garantizar una dinámica de trabajo estable y constructivo».