El Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez retirará los recursos que había anunciado contra los presupuestos autonómicos de este año y contra la conocida como ley vasca de víctimas de abusos policiales, aunque las víctimas recurrirán la normativa.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, ha informado hoy tras el Consejo de Gobierno de que ayer se reunió en Madrid la Comisión Bilateral para hablar de la «conflictividad» en el Tribunal Constitucional y de las transferencias pendientes.
En la cita se llegó a un acuerdo para que el Gobierno central no haga efectivo ante el alto tribunal español el recurso contra los presupuestos que había anunciado el anterior Ejecutivo del PP.
Esto permitirá a la Administración autonómica subir el sueldo a sus trabajadores «con plena seguridad jurídica» con efectos retroactivos al 1 de enero.
En el caso de la ley de víctimas policiales se ha acordado retirar el recurso a cambio de introducir unos «cambios puntuales», unos «pequeños retoques», para dejar claro que la norma busca únicamente reconocer y reparar a estas víctimas y no identificar a los autores de esas vulneraciones de derechos humanos.
Dignidad y Justicia ha enviado su recurso ante el TC para que se pronuncie sobre esta ley, cuya interpretación sobre el terrorismo es muy amplia. De hecho, la normativa estipula la creación de una comisión de valoración sin que se exijan condenas judiciales ni informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. De esta forma, serán considerados víctimas de abusos policiales quienes lo reclamen.
En esta comisión está el forense Francisco Etxeberria, que cifra en 4.113 los casos de torturas en País Vasco desde 1960 a 2014. La ley va contra el artículo 117 de la Constitución, ya que se arroga la competencia de investigación y resolución de presuntos delitos cometidos contra los denunciantes de los mismos. Todo ello vulnerando el derecho al honor y la presunción de inocencia de los agentes.
