Sólo con cinco diputados, el PNV tiene la llave de los Presupuestos de 2018 y la continuidad de Rajoy al frente del gobierno. Los vascos lo saben y van a intentar sacar la mayor de las tajadas, algunas de ellas, si las consiguen, harán una profunda mella en la unidad de España.
De las 37 competencias que reclama el Gobierno Vasco 23 no han sido transferidas a ninguna comunidad autónoma, y quizás, la más importante y trascendente sea la gestión económica de la Seguridad Social, cuyo carácter unitario actual mantiene el principio de solidaridad entre todos los españoles. La Segyuridad Social es la encargada del pago de las pensiones en todos los rincones de España y, junto al pago de prestaciones por desempleo o los impuestos especiales, una competencía única del Estado.
Otra de las competencias que reclama el Gobierno Vasco y que ninguna otra comunidad tiene es la de participar en los órganos de administración y gestión de las empresas y entes públicos del Estado, «en concreto la SEPI», así como en las empresas que integran esta sociedad «cuya gestión de negocios esté radicada en Euskadi».
Esta participación, sostiene el Gobierno de Vitoria, no requiere el traspaso de los medios materiales ni personales, sino que se materializaría con una habilitación en la normativa estatal.
Supervisión de bancos
También pide el traspaso de crédito y banca para ejercer las funciones que actualmente tiene el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en materia de supervisión de entidades de crédito.
Otras de las transferencias que solicita el Gobierno Vasco, hasta ahora exclusivamente en manos de la Administración central, es el pago de las prestaciones por desempleo, aeropuertos y puertos de interés general, salvamento marítimo, seguros, crédito oficial, mercado de valores, el régimen electoral municipal y el fondo de garantía salarial.
Junto a este grupo de competencias, el Gobierno Vasco reclama otras 13 que de alguna forma ya están transferidas a alguna comunidad autónoma, como la de los centros penitenciarios que ya ejerce Cataluña desde 1983.
Control de las cárceles y reinserción
El Gobierno Vasco quiere asumir las funciones de dirección, organización, régimen, funcionamiento, planificación e inspección de las tres cárceles ubicadas en la comunidad autónoma, la planificación y construcción de centros penitenciarios, así como la ejecución de las medidas alternativas a la cárcel y las actividades de reinserción, entre otras tareas.
También reclama otras competencias que ya tiene Cataluña: inmigración, expedición de permisos de circulación y matriculación de vehículos, y la asignación, gestión, catalogación, información y funciones estadísticas de los códigos internacionales de identificación bibliográfica ISBN e ISNN.
Euskadi pide además la competencia de apoyo a las pymes y de los programas de innovación tecnológica que el resto de comunidades han recibido en los últimos años, además de la de hidrocarburos, aunque ya se encuentra transferida «de facto» tanto al País Vasco como a otras comunidades.