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La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena./EFE

Seis meses de estancia en Madrid dan derecho a los inmigrantes a la tarjeta de vencidad de Carmena

Los inmigrantes en situación irregular que aspiren a obtener «la tarjeta de vecindad» de Madrid deberán acreditar que llevan al menos seis meses siendo atendidos por los servicios sociales o por asociaciones de la capital, y solo tendrán acceso a los servicios públicos dependientes del Ayuntamiento.

Así lo han explicado esta tarde en una rueda de prensa la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras (Ahora Madrid), que junto a la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, ha explicado que esta identificación se pondrá en marcha por fases. La primera, en julio.

«Hemos tenido que superar muchos obstáculos», ha comentado Marta Higueras en referencia a la tardanza del Ayuntamiento para implantar esta tarjeta, que partía de un proyecto aprobado por Ahora Madrid y el PSOE en el Pleno municipal de octubre de 2016.

La mano derecha de la alcaldesa Manuela Carmena ha dicho hoy que la primera utilidad de esta tarjeta es «acreditar el arraigo», pero ha dejado «bien claro» que las personas seguirán sin tener permiso de residencia ni de trabajo. «Es muy importante decir que la tarjeta no suple ningún otro trámite», ha remarcado.

Este documento, según ha considerado la delegada, «va a ayudar a acceder a los mecanismos de regularización extraordinaria».

Además, con este sistema el Consistorio podrá «conocer a todos los vecinos que viven en la ciudad» y también «dignificar la situación de las personas que sienten que el Ayuntamiento les reconoce como vecinos».

Habrá dos vías para obtener el documento: la primera de ellas será pedir cita para un empadronamiento presencial mediante un «trámite ordinario» al que podrán acceder todas las personas que puedan acreditar su lugar de residencia de los últimos seis meses con algún recibo o con la «acreditación» del dueño del piso.

También podrán empadronarse en Madrid por esta vía las personas que estén siendo atendidas durante seis meses por los servicios sociales municipales. 

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