Un usuario de Bicimad ha descubierto que el sistema de bicicletas públicas del Ayuntamiento de Madrid cobró más de 80 euros por trayectos que nunca realizó durante dos años. Entre sus trayectos habituales el denunciante descubrió supuestos viajes de hasta tres días de duración, muchos de ellos en horas de la noche y con recogida y anclaje en la misma estación, según ha publicado EconomiaDigital.com.
“Es claramente un problema de anclaje. En muchas ocasiones el sistema no reconocía cuando los usuarios dejábamos las bicicletas y se produjo el absurdo de que, según el Bicimad, estaba conduciendo dos bicicletas al mismo tiempo y en zonas distintas”, explican las fuentes del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena.
Por su parte, Bicimad ha reconocido los errrores recurrentes en los sistemas de anclajes, algo que el gobierno podemita de Carmena quiso solucionar cuando “expropió” el servicio y trasladó la gestión a la empresa pública EMT.
En este sentido, el ayuntamiento asegura que desde que municipalizó el sistema, las incidencias y quejas con los anclajes se han reducido un 84%. Ahora el problema reside en los usuarios que se han dado cuenta de cobros irregulares ocultos entre muchos usos en 2014, 2015 y 2016.
Carmena gastará 10,5 millones de euros para rescatar Bicimad
El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, ha decicido remunicipalizar el BiciMad con un coste para los madrileños de 10,5 millones de euros, una cantidad muy superior al pago que realizó Ana Botella por la concesión, de 25 millones por 10 años.
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) será la encargada de gestionar este ruinoso servicio. “Es un acuerdo entre EMT y la actual concesionaria, Bonopark, para la cesión del contrato”, ha asegurado Inés Sabanés. Así, toda la ruinosa empresa pasará a manos públicas, incluidas las 2.028 bicicletas a motor y 4.128 anclajes repartidos en 165 estaciones.
Ahora Madrid ha asegurado que realizará cambios en los anclajes “para hacerlos más fiables”, mejorará la distribución y mantenimiento de las bicicletas, la puesta en marcha de un GPS para cada bicicleta, y mejoras en el servicio de atención al cliente.
El Ayuntamiento de Madrid había pedido a la EMT (Empresa Municipal de Transportes) un informe para valorar el impacto económico y logístico de esta medida.
