El Gobierno suizo ha aprobado el bloqueo del dinero de origen ilícito de dictadores o personas de su entorno de forma preventiva y con fines de cooperación judicial con el Estado afectado.
Esta norma entrará en vigor el próximo 1 de julio, con lo que se evitará que las autoridades tengan que recurrir a leyes de emergencia cuando se descubren fondos de origen criminal depositados por dictadores u otros responsables políticos en el sistema bancario suizo, y se desea congelar la cuenta respectiva.
En los últimos quince años, Suiza ha restituido 1.800 millones de francos (unos 1.600 millones de euros, al tipo de cambio actual) a varios países. Actualmente, la Justicia tiene entre sus manos varios casos de bloqueo de fondos, entre ellos los casos de los expresidentes de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali; o de Egipto, Hosni Mubarak.
La nueva normativa se aplicará a situaciones en las cuales los dirigentes extranjeros se enriquecieron de forma indebida apropiándose de patrimonio a través de actos de corrupción u otros crímenes antes de desviarlos hacia Suiza. La condición para que las autoridades helvéticas tomen la medida es que el Estado en cuestión tenga indicios de corrupción manifiesta y que los interés de Suiza estén en juego, aunque no será necesaria una condena judicial.
El bloqueo de los fondos será posible incluso si el dictador sigue en el poder y en caso de que un cambio de gobierno sea inminente, según explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.
Asimismo, la ley aprobada prevé que Suiza transmita al Estado afectado las informaciones, particularmente bancarias, para ayudarle a presentar un pedido de cooperación judicial apropiado, así como medidas de apoyo para que el Estado pueda recuperar el dinero bloqueado.