El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al secretario sectorial de PP, Javier Maroto, junto al resto del gobierno municipal de Vitoria entre 2003 y 2007, a abonar 393.862 euros por la firma de un alquiler gravoso de unas oficinas en Vitoria.
El Tribunal de Cuentas estima de esta forma la demanda interpuesta, entre otros, por la nueva corporación municipal que dirige Gorka Urtaran (PNV), y considera que Alonso, Maroto y los siete acusados son responsables directos de haber ocasionado un «perjuicio» en los fondos públicos municipales por este alquiler. El PP ya ha avanzado su intención de recurrir esta sentencia.
