Uno de los casos más llamativos fueron el del ICO y de Red.es que despidieron directivos días antes de la reforma laboral de 2012 para que sus indemnizaciones fueran más altas.
El Tribunal de Cuentas ha instado hoy a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) dependiente del Ministerio de Hacienda a que compruebe periódicamente y aleatoriamente las declaraciones de bienes y actividades de altos cargos, así como valorar la existencia de posibles conflictos de intereses.
El presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado en el Congreso el informe de fiscalización de las indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos del sector público durante los ejercicios de 2012 a 2014.
Dicho informe analiza especialmente la actividad de la OCI, adscrita al Ministerio de Hacienda, órgano competente para la gestión del régimen de incompatibilidades, de los registros de bienes y actividades y de valorar posibles conflictos en dichas actividades.
Respecto al control y pago de prestaciones compensatorias de altos cargos cesados, el informe del Tribunal indica que la Oficina de Conflictos de Intereses no verificó ni investigó los datos de las declaraciones de bienes pese a que la ley le faculta para ello.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas reprocha a la OCI que no recurriese a las administraciones tributarias ni a la Seguridad Social para verificar los datos declarados o para detectar omisiones.
De hecho, según el Tribunal de Cuentas, la OCI no conoció denuncias de incumplimientos del régimen de incompatibilidades, ni investigó de oficio los datos declarados o las omisiones para iniciar posibles sanciones.
Tampoco se hizo cargo del posible conflicto de intereses en los casos de reingreso en la función pública, de incorporación a organismos internacionales o de inicio de una actividad en una sociedad nueva.
Para la portavoz socialista en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, María Iglesias, la OCI «no ha cumplido» con las funciones que tiene encomendadas para prevenir la corrupción y las «puertas giratorias».
Según Iglesias, es «desalentador» que el organismo encargado de verificar las declaraciones de altos cargos afirme que son ellos mismos los responsables de la veracidad y actualización de esos datos.
Despidos polémicos en ICO y Red.es
Denuncia similar que hace Unidos Podemos, que ha mostrado su preocupación ante la «laxitud» con que la OCI aplicó la normativa.
Además, el portavoz del grupo de Ciudadanos Saúl Ramírez ha criticado que tanto el Instituto de Crédito Oficial como Red.es cesaran a directivos días antes de que se aplicase la reforma laboral de 2012 por la que percibirían indemnizaciones inferiores a las que finalmente obtuvieron.
Sin embargo, Álvarez de Miranda ha aclarado que el Tribunal incluyó estos ceses por haberse dado en «circunstancias notorias», pero que en ningún caso pueden considerarse ilegales.
