La sala civil y penal del TSJCat ha acordado admitir a trámite la querella presentada por VOX, liderado por Santiago Abascal, contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, y otros consejeros del Ejecutivo autonómico.
Según el auto al que ha tenido acceso Intereconomia.com, el TSJC investiga tanto civil como penalmente a Puigdemont, al vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras; l portavoz de PdeCat, Jordi Turull, contra el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva; a la consejera de Gobernación, Meritxel Borrás; la consejera de Educación, Clara Ponsati; al consejero de Sanidad, Antoni Comín; a Joaquim Forn, consejero de Interior; Josep Rull, consejero de Territorio; Lluís Puig, de Cultura; Carles Mundó, de Justicia; Dolors Bassa, de Asuntos Sociales; Santi Vila, de Empresa; y Meritxell Serret, de Agricultura.
El TSJC les investiga por delitos continuados de desobediencia, sin perjuicio de la comisión de otros delitos directa o indirectamente relacionados con el anterior. El juez incoa así las diligencias previas. En este sentido, apunta también a la mesa del Parlamento catalán, entre las que se encuentra Carme Forcadell, Ramona Barrufet y Anna Simó por delitos continuados de desobediencia a resoluciones judiciales y prevaricación continuada.
Para ello, exige a VOX depositar la fianza, mientras que no admite la ampliación de la querella, en la que estaría incluida la Sindicatura Electoral de Cataluña.
La querella de VOX se refiere primero al anuncio de un referéndum ilegal, a las partidas presupuestarias de la Generalitat para el referéndum secesionista que han sido aplicadas por los miembros del Gobierno catalán a dicho referéndum, por la aprobación de la ley de Transitoriedad Jurídica y creación de estructuras de Estado, la compra de urnas para el referéndum ilegal, la convocatoria de esta consulta ilegal, con fecha y pregunta; la admisión a trámite de forma urgente por parte de la Mesa del Parlamento autonómico catalán para aprobar la ley de referéndum; la firma del decreto de convocatoria de todos los miembros del Ejecutivo autonómico; y la negativa de todos los miembros del Gobierno autonómico a dar cumplimiento al ordenamiento jurídico español y a las resoluciones del Tribunal Constitucional.
En la querella constan delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones de funciones, delito de conspiración para la rebelión, delito de sedición, y delito de malversación de caudales públicos.