La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha respondido al chantaje de Carles Puigdemont asegurando que no es válida la declaración de independencia formulada por el presidente catalán.
En este sentido, ha afirmado que solo la Constitución puede ser fuente de derecho, por lo que ni la Ley de Transitoriedad ni «ninguna declaración formal o aformal, implícita o explícita de independencia» pueden tener efectos jurídicos.
La sala de gobierno del TSJC ha emitido hoy un comunicado en el que reitera su «compromiso de fidelidad y defensa del sistema constitucional» y resta cualquier validez a la Ley de Transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional y que el Parlament aprobó para desplegar la independencia.
En este sentido, destaca que como órgano de Gobierno del Poder Judicial en Cataluña reiteramos «nuestro compromiso de fidelidad y defensa del sistema constitucional». De los valores en los que se funda -libertad, justicia, igualdad, pluralismo y convivencia pacífica- y de los Derechos y Libertades que se garantizan a todos los ciudadanos y ciudadanas.
En segundo lugar, apunta que «la fidelidad al sistema constitucional de los jueces y juezas que conformamos el Poder Judicial en Cataluña es nuestra manera, la única posible, de comprometernos en la defensa activa de los valores, de los derechos y de las libertades de todos.
La Sala de Gobierno del TSJC quiere reafirmar de forma inequívoca que solo la forma vigente, conforme a la Constitución y a lo dispuesto por el Tribunal
Constitucional, puede ser fuente aplicativa del derecho y presupuesto de todas y cada una de las decisiones judiciales.
Y ello comporta que ni la Ley de Transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional, ni ninguna declaración formal o aformal, implícita o explícita de
independencia desplieguen efecto jurídico alguno.
«Destacar que la necesaria obediencia a la ley que nace y se funda en el sistema constitucional, en sus valores y en los derechos y libertades que garantiza, es lo que nos permite a todos y a todas reconocernos como miembros iguales de una comunidad política plural comprometida con la paz y el progreso», afirma por último el alto tribunal.
