El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Miguel Ángel Cilleros, ha instado a los sindicatos a hacer autocrítica por haber pactado EREs durante la crisis y haber perjudicado a los trabajadores.
Los delegados de los sindicatos tenían privilegios en estos EREs, ya que eran normalmente los últimos en salir, así como cobrar por ello. En concreto, se embolsan hasta el 10% de cada despido, los cuales se dispararon con los pactos entre sindicatos y empresas para «ahorrar» en personal, en vez de defender a los empleados, que son junto con las subvenciones su principal fuente de ingresos.
Las grandes centrales sindicales, a través de sus propias asesorías jurídicas, cobran un porcentaje sobre las indemnizaciones que recibe cada uno de los trabajadores obligado a abandonar su empresa a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). CC OO y UGT llegan a cobrar entre el 5% y el 10% del coste del despido. De esta forma, a mayor número de afectados por el ERE, mayor es el beneficio que obtienen estas centrales.
El presidente de la patronal de limpieza Aspel, Juan Díez de los Ríos, ha señalado que es normal que haya licitaciones como la de Aena que queden desiertas, ya que «no hay precio suficiente», y ha apuntado a que el problema es que siempre hay algún «descerebrado» que acaba licitando.
En un debate sobre la influencia de la nueva ley de contratos públicos en el sector de la limpieza, Díez de los Ríos ha comparado esta situación con la creada por la Comisión Asesora para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) en 2012, a través de la cual, según él, se despidió a personal y se quitó la calidad con «la excusa del ahorro».
En este sentido, el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Miguel Ángel Cilleros, ha señalado que, además de las empresas, las organizaciones sindicales deben también hacer autocrítica por haber negociado Expedientes de Regulación de Empleo (ERES) en plena crisis y haber perjudicado a los trabajadores.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, Elena Hernáez, ha indicado que estas licitaciones desiertas están provocadas por «la dictadura del precio», circunstancia, según ella, especialmente grave en empresas públicas que deberían dar otro tipo de ejemplo.
En líneas generales, tanto la patronal de la limpieza como los sindicatos se han mostrado favorables a la nueva ley de Ley de Contratos del Sector Público.
El presidente de Aspel ha afirmado que la nueva legislación establece pautas positivas para el sector, como el hecho de indicar que el precio no puede ser el único valor a tener en cuenta en las licitaciones, sino que deben existir una pluralidad de criterios.
CCOO y UGT, los sindicatos presentes en el debate, se han mostrado «expectantes» ante la nueva ley, aunque han precisado que lo importante es que se ponga en marcha el reglamento, puesto que todavía está el antiguo en vigor.
La patronal y los sindicatos también han manifestado su preocupación por el hecho de que de las 18.000 empresas de limpieza existentes en España, solo 4.000 estén activas, circunstancia provocada, según las organizaciones sindicales, por la economía sumergida, la cual se debe combatir, indica UGT, con criterios políticos, «como se hizo hace unos años en el sector ferroviario».
