La coalición Unidos Podemos acabó la última campaña electoral del 26 J con una deuda a sus proveedores de 566.165.07 euros y pagó parte de su campaña con otra cuenta corriente.La cuenta electoral Unidos Podemos se quedó, en las pasadas elecciones de junio, un total de 1.870,98 euros, fondos insuficientes para cubrir la totalidad de la deuda contraída con los proveedores, por lo que tuvo que hacer frente al pago mediante el uso de una cuenta corriente ordinaria. Esta actividad vulnera la LOREG o Ley Electoral General, según el informe del Tribunal de Cuentas.
Aunque el fiscalizador detecta varias deficiencias en las cuentas de Unidos Podemos y sus confluencias, estas no afectan a su derecho a recibir las correspondientes subvenciones
Otra de las cosas que desvela dicho informe es que la confluencia «A la Valenciana» formada por Comporomís, Podemos y Esquerra Unida del País Valencià (EUPV-IU) presentó unas cuentas con deudas que ascendían a 260.908,19 euros y una cuenta electoral con 429,38 euros. Por lo que los comunistas también tuvieron que saltarse la LOREG y encima pagó fuera de plazo un gasto correspondiente a 121’6 euros.
Los podemitas gallegos de En Marea también pagaron una cuenta pendiente de 285 euros con una cuenta no destinada a gastos electorales. Además la confluencia abonó fuera de plazo un importe total de 33.640,14 euros una vez transcurridos los 90 días al de la votación.
Así mismo, Convergència Democràtica de Catalunya, perdió algo más de 700.000 euros al no lograr grupo parlamentario propio en el Congreso tras las elecciones generales de junio de 2016
La cuenta de campaña de Convergència acabó con menos de 16 euros, con lo que tuvo que recurrir a sus fondos ordinarios para pagar a proveedores, incumpliendo así la legislación electoral. Tras esos comicios, CDC se transformó en el actual Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). En aquel entonces declaró 703.710,92 euros en gastos para envíos gratuitos de propaganda electoral, pero una de las condiciones que impone la legislación para recibir esa subvención es haber conseguido grupo parlamentario propio en el Congreso, y no lo consiguió. Los separatistas sumaban así una nueva ilegalidad.
Además, desde su cuenta electoral, el PDeCAT, incumpliendo nuevamente la ley, realizó pagos por importe de casi 3.500 euros con posterioridad a los noventa días siguientes al de la votación.