Valeriano Gómez, ex ministro socialista de Trabajo con José Luis Rodríguez Zapatero, se ha opuesto a complementar las pensiones con sistemas privados. Gómez fue el artífice de la reforma laboral y de las pensiones en 2010, con la congelación de las mismas por primera vez en la historia de la democracia.
Según su argumento, si su Gobierno tuvo que congelar las pensiones en 2010, justo en plena crisis financiera y de deuda, con un sistema mixto con participación privada, la inestabilidad sería aún todavía mayor. Además, ha afirmado que no se puede descartar que se tenga que tener en cuenta el total de la vida laboral para hacer el cálculo de las pensiones.
Con Gómez en el Ministerio de Trabajo se subió la edad de jubilación a los 67 años y ahora ha asegurado que «en pensiones es mejor mirar muy largo, no hacer las cosas de hoy para mañana». «La razón por la que el periodo de cómputo se amplió (en 2011) sólo hasta los 25 años fue porque el sistema no tiene informatizada toda la vida laboral de todos los pensionistas cuando adquieren la condición de jubilados», ha afirmado, ya que se empezó a digitalizar en 1985, hace 33 años.
La vida laboral no está digitalizada para quienes llevan trabajando desde antes de 1985
A pesar de esto, ha asegurado que hoy se podría conocer «con normalidad la vida laboral de cualquiera que se jubilara hoy con 33 años de vida laboral», por lo que no descarta que se vaya hacia el cómputo total como se hace «prácticamente» en toda Europa.
Tilda de ocurrencia el IRP de las pensiones, pese a ser el único ministro que dejó a los jubilados sin revalorización
«El Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) ha sido más una ocurrencia que una visión profunda a largo plazo», ha dicho en referencia a la reforma que hizo el PP en 2013 para desvincular la revalorización de las pensiones de la evolución de la inflación. Se ha referido así a una fórmula (la que calcula el IRP) «muy complicada» y que durante cuarenta años va a dar un resultado negativo, lo que supondría recortes anuales en las pensiones de no existir una revalorización mínima garantizada del 0,25 %, lo que a su juicio supone de facto «congelarlas».
Las pensiones tendrían que haber bajado un 4%
«Aplicando estrictamente la regla, si no se hace nada, las pensiones tendrían que haber bajado un 4% (desde su entrada en vigor hasta 2018)», ha explicado Gómez, que ha insistido en que en el año 2040 «la caída exigida por el IRP sería superior al 6 %. Y así sucesivamente».
«Si se mantiene el sistema, puede congelar y conllevar pérdidas de poder adquisitivo importantes. Uno percibe 100 euros cuando comienza su jubilación, pero cuando está acabando en poder de compra puede suponer 50 o 55 euros», ha advertido el extitular de Trabajo. Para Gómez es tan criticable la complejidad del IRP como la sencillez del factor de sostenibilidad, que también se incluyó en la reforma de 2013.
El factor de sostenibilidad introducirá un coeficiente reductor en el cálculo de las nuevas pensiones que dependerá de la esperanza de vida estimada para los nuevos jubilados y cuya entrada en vigor se ha aplazado a 2023 por el acuerdo en materia de pensiones del Gobierno con el PNV.
Para Gómez este factor es demasiado simple porque solo se aplica a la cuantía de la pensión, cuando debería tenerse en cuenta también en los tipos y bases de cotización o incluso en la edad de jubilación.
Gómez se ha mostrado contrario a un sistema mixto, complementado con planes de jubilación privados, ya que si un Gobierno en tiempos de crisis puede llegar a congelar las pensiones, la inestabilidad en un sistema privado sería todavía mayor.
