El comisario ha confirmado a Andorra que fue el autor de varios informes sin sello y que el Estado pagó medio millón de euros por los datos bancarios del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol.
José Villarejo, comisario de la Policía Nacional, ha confirmado a la Justicia de Andorra que es el autor de varios informes no autorizados oficialmente en los que aseguró que el Estado pagó 500.000 euros al ex consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, según informa La Vanguardia.
El dinero había salido de fondos reservados a cambio de entregar los movimientos de las cuentas en la entidad andorrana -investigada por blanqueo de capitales- correspondientes a la familia del ex presidente de Cataluña, Jordi Pujol. El pasado mes de julio, Villarejo declaró ante la justicia española que en Interior se había creado una unidad especial para realizar operaciones encubiertas en Cataluña.
Villarejo se ha mostrado a disposición de la justicia de Andorra y de España «para colaborar si así fuera requerido para ello». El ex consejero delegado de BPA está en prisión marzo del 2015 por el escándalo de blanqueo de capitales que acabó con la intervención de Banco Madrid.
Villarejo ha asegurado en una declaración ante un Notario de Madrid que es el autor de estos informes. Esta declaración se ha enviado al juzgado andorrano que tramita una querella de Higini Cierco, ex propietario de BPA, contra Celestino Barroso, agregado de Interior de la embajada de España en Andorra, y Marcelino Martín de Blas, comisario de la Policía Nacional. Cabe recordar que Villarejo y Martín de Blas mantienen una lucha interna en la Policía Nacional.
Higini Cierco acusa a los dos funcionarios de supuestos delitos de coacción y chantaje por exigirle los movimientos bancarios de la familia Pujol en las cuentas de BPA. En caso de no colaboración, afirma que le amenazaron con perder el banco.
Cierco ha facilitado al juez movimientos opacos de los Pujol y un pantallazo de los ingresos en las cuentas de BPA procedentes de Andbank.
Según uno de los informes aportados al caso, el comisario Marcelino Martín Blas habría pactado el soborno con Miquel. «Aceptó colaborar a cambio de una muy significativa cantidad, procedente de fondos reservados en efectivo (500.000 €), que le sería entregada en España, por acuerdo de ambos, ya que el delito de revelación de secretos bancarios sólo existe y por tanto se persigue penalmente en Andorra», indica el informe fechado en julio de 2014.
«Tan sustanciosa cantidad de fondos reservados a buen seguro fueron facilitados por el CNI -Centro Nacional de Inteligencia-«, señala el texto.
Por su parte, Villarejo declaró ante notario «que es el autor de diversos escritos que se le han mostrado por parte de los letrados, concretamente unas notas informativas (…) las cuales que se refieren a diversas informaciones sobre Andorra, movimientos bancarios diversos, así como referencias a las actuaciones en todo ello del comisario Marcelino Martín».

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